La Oficina Antifraude de Cataluña alerta de la existencia de “una inadecuada relación entre política y negocios” y de una falta de “organismos de control” públicos para poder combatir adecuadamente la corrupción.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la entidad dirigida por Daniel de Alfonso en el informe de seguimiento de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política de Parlamento autonómico de Cataluña, más conocida como ‘comisión Pujol’.

“Aproximación poliédrica al fenómeno de la corrupción en Cataluña”

En el documento, de 53 páginas, Antifraude no entra a valorar cuestiones relativas al fraude fiscal, ni a los casos que están judicializados, sino que analiza el funcionamiento de las administraciones autonómica y locales en el ámbito de la prevención y lucha contra la corrupción.

Este análisis se ha basado en las 76 comparecencias (61 testigos y 15 expertos) que han pasado por la ‘comisión Pujol’ entre noviembre de 2014 y junio pasado. Un ejercicio que califica de “aproximación poliédrica al fenómeno de la corrupción en Cataluña” que “ha ofrecido a la ciudadanía una panorámica de las actitudes de los implicados en los principales casos que han aflorado en nuestro país en las últimas décadas”.

“Alto grado de tolerancia hacia conductas éticamente reprobables”

De estas comparecencias, Antifraude destaca negativamente que algunos de ellos han mostrado “un alto grado de tolerancia hacia conductas éticamente reprobables con el pretexto de quedar fuera de la órbita penal”.

En este sentido, destaca ejemplos como “considerar ‘un tema menor’ hacer regalos con dinero público; considerar apropiado ‘dar voces’ entre compañeros de partido como método para ‘contratar a la persona adecuada’ para un puesto público; justificar las denominadas puertas giratorias porque ‘ha caído todo el mundo en ello’, o encontrar normal ‘tener un rinconcito fuera’”.

“Expresiones como estas no son más que muestras de normalización de prácticas irregulares que conforman un relato de justificación, aceptación o resignación hacia formas de hacer les proporcionan cobertura”, señala el informe.

Transparencia y grupos de interés

Antifraude considera que gracias a la comisión se ha constatado la existencia de “déficits de transparencia y acceso a la información pública”, lo que supone “un campo abonado para las prácticas de corrupción”. Aunque se muestra optimista por la reciente aprobación de leyes de transparencia, tanto a nivel nacional (en 2013) como autonómico (en 2014). En todo caso, advierte de que “hay que reforzar las funciones de supervisión del cumplimiento” de esa legislación.

También alerta de que el control de los lobbies o grupos de interés es fundamental para evitar la corrupción. Este control es fundamental que se intensifique en los “proceso de toma de decisiones” para evitar “un acceso privilegiado de ciertos grupos” a ese proceso.

Órganos de control politizados y falta de ética pública

El informe hace un llamamiento a “promover e implantar la formación en integridad y ética pública” tanto entre los empleados públicos como en los planes de estudios, para lo que pide “un mayor compromiso y liderazgo” por parte de los políticos en ese sentido.

Por otra parte, insta a ampliar y potenciar los órganos de control internos y externos de la Generalitat y de los ayuntamientos, dotándolos con “más recursos y mayor independencia”.

“Hay que despolitizar estos órganos de control mediante un sistema de elección de sus miembros no partidista, que permita el acceso a profesionales con una trayectoria probada en el ámbito de control”, subraya.

Conflictos de interés, contratación, subvenciones y corrupción urbanística

Otro de los ámbitos en los que Antifraude pone el acento es en los casos de “conflictos de interés” e “incompatibilidades”, como los relacionados con la familia Pujol o el ex consejero Macià Alavedra.

Así, alerta de la corrupción asociada a la contratación pública, que es "el ámbito de la gestión pública que presenta una mayor concentración de casos de corrupción". Por ello, se opone a "flexibilizar" los criterios de las adjudicaciones y propone centralizar su gestión. También pide mayor control sobre la contratación del personal público y la concesión de subvenciones. Y denuncia la “falta de mecanismos para garantizar que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos públicas”.

La financiación irregular de los partidos

El informe destaca que “los escándalos de corrupción” vinculados a la financiación de los partidos políticos “son una de las mayores fuentes de desconfianza ciudadana, potenciada por la anómala penetración de las dinámicas partidistas en la administración, los órganos de control y los medios de comunicación”.

Y admite que “las sombras sobre la financiación irregular como trasfondo de algunos de los casos examinados” por la ‘comisión Pujol’ “no se han podido desvanecer y persisten sospechas fundamentadas que dañan el prestigio de los afectados”.

Por ello, solicita una mayor rigurosidad por parte de las instituciones fiscalizadoras de los partidos y de sus fundaciones. Y, de forma genérica, reclama un endurecimiento de las penas relacionadas con la corrupción de los cargos públicos.