La jefa de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, comparecerá el día 20 ante el juez que instruye la causa contra Rodrigo Rato.

Entre otras cosas, la inspectora deberá explicar qué datos tenía Hacienda para sospechar que los servicios de asesoramiento prestados por el ex vicepresidente del Gobierno era “facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el impuesto de sociedades o IVA".

Alzamiento de bienes

También deberá confirmar los datos que hicieron deducir a Hacienda que el también ex director del FMI estaba practicando un alzamiento de bienes entre 2014 y 2015 para eludir responsabilidades económicas en su gestión de Bankia, de la que fue presidente.

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, levantó el secreto de una parte del sumario el 27 de mayo, excepto el de la pieza separada que contenía la información intervenida en los registros. Esta es la parte que se pondrá ahora en conocimiento de las partes.

"Incluso con la autorización de la fuerza" 

Hacienda había pedido a la fiscalía de Madrid que detuviera a Rato por las sospechas de que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales, y a la vista de presuntas operaciones de despatrimonialización entre 2014 y 2015 y reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

En el informe sobre el que se preguntará a García Valdecasas, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.

La directora de la ONIF deberá también ratificar lo señalado en su informe sobre las operaciones en torno a sus propiedades realizadas "con mucha intensidad" en 2014 y 2015.

Operaciones en paraísos fiscales

La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según rezaba la denuncia.

Sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, impuesto de sociedades e IVA.