El Ayuntamiento de Barcelona se plantea no renovar el pago del alquiler de la antigua oficina bancaria del barrio de Gràcia okupada desde 2011, que asciende a 5.500 euros mensuales. El propietario del local está cobrando el alquiler desde principios de año a cuenta de las arcas municipales, según una decisión tomada por el anterior equipo de gobierno de Xavier Trias (CiU). Y el pago está comprometido hasta finales de este 2015. Los propios okupas rechazan esta ayuda, que el anterior consistorio tomó sin hablar con ellos.
El gobierno municipal de Ada Colau no ha tomado aun una decisión firme sobre qué hacer con el alquiler de la finca, en la Travessera de Gràcia, frente al Mercat de l'Abaceria. Desde el consistorio explican que ya tenían prevista una reunión con los activistas del denominado 'Banc Expropiat', y que esta tendrá lugar en breve. El Ayuntamiento quiere saber "cuál es su situación", qué actividades desarrollan y cómo es su "relación con los vecinos".
Pago "de obligado cumplimiento"
El consistorio precisa que no es necesario tomar una decisión hasta diciembre, porque el contrato firmado por el equipo de Trias "es de obligado cumplimiento" y ya no se puede evitar pagar el alquiler hasta diciembre. Pero tiene meridianamente claro que, si los okupas "no están de acuerdo con que se haga el pago", el contrato "no se renovará" a partir de enero.
El caso lo desveló el propio colectivo okupa del 'Banc Expropiat'. En una entrada en su blog, explicaron que la ex concejal del distrito de Gràcia Maite Fandos les visitó el pasado 12 de junio, "el último día de su mandato". Y que les comunicó que el Ayuntamiento había estado pagando el alquiler del local desde enero y lo pagaría hasta diciembre. Los okupas no tenían ni idea del pago. "Primera noticia", publicaron.
Desde el Grupo Municipal de CiU se ha confirmado que la iniciativa de empezar a pagar el alquiler se tomó sin hablar antes con los activistas del 'Banc Expropiat'. CiU explica que la decisión se tomó ante un inminente desalojo, y para "ganar tiempo" antes de encontrar una decisión favorable tanto para el propietario como para mantener la actividad del local okupado. El grupo añade que la actividad de los okupas "no era problemática".
Los activistas ven intereses electorales
Los okupas dan otra explicación. Relatan que Fandos se justificó afirmando que su proyecto "vale la pena debido al trabajo social que hace en el barrio". Añaden que Fandos les argumentó que si no les comunicó antes el pago del alquiler fue porque sabía que "no estarían de acuerdo". Pero interpretan que el Ayuntamiento actuó así para "comprar la paz social en un año delicado de elecciones municipales y autonómicas", en el que ni Fandos ni CiU "estaban dispuestos a enfrentarse a otro desalojo conflictivo como ya ocurrió en Can Vies".
El PP también ha intervenido en la polémica. En un comunicado, ha considerado "vergonzoso" que el Ayuntamiento "pague el alquiler a los okupas", y ha apuntado que "los 65.000 euros anuales" de esta partida de gasto se podrían haber destinado a "alquileres sociales para ayudar a personas en situación de pobreza".