La Mesa del Parlamento autonómico ha aprobado este martes por mayoría llevar ante el fiscal a los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda y Admistraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que investigue si tienen "responsabilidad penal" por negarse a comparecer en la Comisión de investigación del fraude, que investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol entre otros casos de presunto fraude.

En un comunicado, la Cámara informa de que también llevará a Fiscalía por los mismos motivos al jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas; al director del CNI, Félix Sanz; al de la Policía, Ignacio Cosidó; al comisario de la Policía y exjefe de la Udef, Manuel Vázquez López, y al director de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez González.

La comisión de investigación citó a los cargos de la Administración Central hasta en tres ocasiones, y en las tres declinaron comparecer diferentes. Ante estas negativas, la comisión decidió trasladar el caso a la Mesa del Parlamento autonómico, que finalmente ha aprobado llevarlo a la Fiscalía.

Se amparan en el reglamento de La Cámara y el Código Penal

Según argumenta el Parlamento autonómico, la decisión se ampara en el artículo 59.3 de la propia Cámara, que reza que "si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlament tiene que dar cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder".

La Cámara también explica que la decisión se sustenta asimismo en el artículo 502 del Código Penal, que recoge que los que no comparezcan en comisiones de investigación del Congreso o en asambleas autonómicas "serán castigados como reos del delito de desobediencia". El Código Penal también contempla penas de suspensión de empleo en el caso de autoridades.

El Parlamento autonómico ha recordado que las solicitudes de comparecencia enviadas a los ministros y altos cargos del Gobierno ya advertían de que una incomparecencia podía derivar en una "posible responsabilidad penal", y que aun así decidieron no acudir a la Cámara.

Sin obligación de comparecer, según el Gobierno

El Gobierno replicó en su día que los cargos de la Administración Central no solo no tienen obligación de comparecer ante lascomisiones de las cámaras autonómicas, sino que no deben hacerlo por "respeto institucional". El Ejecutivo añadió que la labor de control parlamentario sobre ellos solo corresponde a la Cortes, y que el Consejo de Estado lo ha determinado así en diversas ocasiones.

La Cámara autonómica ha asegurado que es la "primera vez" que traslada a la Fiscalía las incomparecencias en una comisión de investigación. No obstante, no es la primera vez que destacados dirigentes políticos plantan a una comisión del Parlamento autonómico.

El año pasado, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y el ex secretario de Organización del PSC José Zaragoza no acudieron a la comisión que investigaba los casos de supuesto espionaje a políticos en torno a la agencia de detectives Método 3. El caso se cerró sin que la Cámara les exigiera responsabilidades. Este año, ambos han dado finalmente explicaciones sobre el caso en la Cámara, pero en la comisión del fraude.

Comparecientes

Desde que en enero empezaron los trabajos de la comisión de investigación, han comparecido todos los miembros de la familia Pujol; consejeros de la Generalitat, como Felip Puig; el extesorero del PP Luis Bárcenas; el empresario Javier de la Rosa, o los principales imputados por el caso Pretoria, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz y Luis García 'Luigi', entre muchos otros.

Algunos comparecientes respondieron ampliamente las preguntas de los diputados, mientras que otros optaron por callar alegando que su situación procesal -algunos estaban imputados- recomendaba que no se pronunciasen.