La Generalidad enterró 210 millones en Spanair

Ya hay una cifra sobre el capital público de la Generalidad aportado a Spanair, la compañía aérea adquirida por inversores catalanes -con un fuerte peso del sector público- en 2009, y que quebró solo tres años después con un agujero de 72 millones: más de 210 millones de euros, según un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este jueves.

Según este informe, elaborado a petición del Parlamento autonómico para fiscalizar las ayudas públicas recibidas por Spanair de 2009 a 2012, la Generalidad inyectó 211,25 milones en la aerolínea en ese periodo, a través de diversas empresas públicas, y en forma de aportaciones de capital, préstamos, gastos de funcionamiento o avales.

La cifra podría haber sido aun mayor, pero la Sindicatura considera que los 25,5 millones de euros aportados a la compañía aérea por Feria de Barcelona -participada por la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona- procedían de fondos propios, por lo que no cabe considerar esta inversión como inyección de dinero público.

Las diferentes ayudas recibidas por la compañía aerea no provienen solo de la Generalidad, sino también del Ayuntamiento de Barcelona, a través de sociedades como el Consorcio de Turismo de Barcelona, Barcelona Serveis Municipals o Catalana d'Iniciatives -participada también por la Generalidad-.

La apuesta por un 'hub'

El proyecto de Spanair pretendía potenciar la economía catalana por el método de convertir el aeropuerto de Barcelona en un hub para conexiones intercontinentales. El plan fundamental era que la compañía, desde su base en El Prat, contribuyera a aumentar el número de conexiones directas de largo alcance en el aeropuerto, entonces muy limitadas, con el objetivo principal de atraer multinacionales a Cataluña.

Spanair entro en concurso a finales de 2011, con un déficit de 72 millones de euros, y tras haber recibido cerca de 200 millones de euros en ayudas públicas. El último consejo de administración de la compañía fue condenado en primera instancia el año pasado por concurso culpable.

La comisión del Parlamento autonómico sobre la quiebra de Spanair finalizó recientemente sus trabajos, y concluyó que no cabía exigir responsabilidades políticas por la millonaria inversión pública realizada. La Camara autonómica consideró que la inversión aparecía como viable en su momento, e incluso una "oportunidad" para potenciar la economía catalana. Y que la quiebra de Spanair se debió a diversos factores, en buena parte externos.