Los dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía inculpados por el caso de los ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, están algo más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado este jueves su inculpación, por un presunto de lito de prevaricación administrativa.
En concreto, el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha decidido continuar el procedimiento abierto contra los dos ex presidentes autonómicos andaluces al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
El magistrado ha instado el correspontiene suplicatorio ante el Congreso de los Diputados por Chaves y los también aforados, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías. En el caso de Griñán, que perdió su condición de aforado al renunciar a su escaño de senador, el juez instructor eleva a través de un auto los indicios recabados en su contra, y decide que siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados. Barreiro no ve indicios de delito en la exconsejera y senadora Mar Moreno.
"Ejercicio arbitrario del poder"
En su exposición motivada, el juez Barreiro analiza el sistema de ayudas a empresas y particulares que operó entre los años 2000 a 2010 en la Junta de Andalucía, y considera que el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones y con un "ejercicio arbitrario del poder".
El juez también destaca 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de esos años y que considera que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.