La discriminación hacia los castellanohablantes por parte de la Generalitat de Cataluña es una constante en las relaciones entre los ciudadanos y la administración autonómica.  Esta es una realidad que es especialmente intensa en el ámbito de la educación, donde la Generalitat sigue aplicando la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, en contra de las leyes y de las sentencias de los tribunales.

Pero ese no es el único caso. Lo cierto es que la Generalitat trata de poner todo tipo de trabas y dificultades a los castellanohablantes para que no puedan ejercer sus derechos lingüísticos. Y otro ejemplo --uno más-- de esta situación se ha producido durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) --más conocidas como selectividad-- que se han realizado esta semana.

"Solo si algún alumno lo pide"

En las instrucciones enviadas por el Consejo Interuniversitario de la Generalitat de Cataluña a los profesores que han ejercido de vocales durante la selectividad se les ordena "repartir primero los enunciados de examen en catalán", y se subraya que "solo si algún alumno lo pide" podrán "darle la versión en castellano" de los exámenes y "hacerlo constar en el informe".

Los alumnos tienen derecho a recibir los exámenes y responder en la lengua que quieran --español o catalán--, sin embargo, el procedimiento establecido hace que en muchos casos estos no puedan ejercer este derecho, al desconocerlo y no ser informados de ello.

Derecho a la opción lingüística

Este procedimiento choca frontalmente contra la doctrina establecida por los tribunales en cuanto a cómo debe ser la relación de la administración con los ciudadanos en lo relativo al uso de las lenguas.

La justicia ha sentenciado en reiteradas ocasiones que el derecho a la opción lingüística en las CCAA bilingües debe poder ser ejercido sin que la administración muestre preferencia por ninguna de las opciones lingüísticas.

Críticas de la AEB y de Impulso Ciudadano

La presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, advierte de que "los alumnos se están jugando su futuro en esta prueba y no deben ser sometidos a tensiones añadidas". "Lo normal debiera ser que se ofertarán por la administración los ejemplares en los idiomas oficiales y que fuera el alumno el que decidiera libremente la lengua del examen", añade.

Por su parte, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, denuncia que "se antepone una vez más la pulsión nacionalista a los derechos lingüísticos de los catalanes". "Debería darles vergüenza a los que propugnan el derecho a decidir obstaculizar el futuro de miles de alumnos por su fundamentalismo lingüístico. Con libertad de se vive mejor y los que tienen alma de represores la expresan en todo momento y en todo lugar, ahora en las instrucciones de las pruebas de acceso a la universidad", sentencia.