La polémica línea 9 del Metro de Barcelona, el último gran proyecto de la época de Joprdi Pujol, que debía circunvalar la ciudad por su zona norte para desembocar en el aeropuerto de El Prat, y que, en cambio, tiene la mayor parte de las obras paradas y sin fecha de reanudación, y solo en funcionamiento un extremo de la línea, ha septuplicado su presupuesto inicial, pasando de unos 2.500 millones de euros a la friolera de 16.600. Un dato ya conocido, pero que ahora detalla un reportaje en profundidad de Eloi Latorre en Crític.
Según este reportaje, el fortísimo incremento del presupuesto de la L9 se debe fundamentalmente a dos tipos de razones. Por una parte, las de índole técnica, como los cambios acometidos al trazado inicial, una falta de planificación de la obra, o las consecuencias del accidente del barrio del Carmelo de 2005. Por otra, hay un motivo político y económico: la decisión, adoptada en época del tripartito, de financiar este aumento del coste recurriendo a las propias constructoras.
Con este sistema, las diferentes constructoras se encargan de financiar por ellas mismas las obras, a cambio de obtener la concesión de más de la mitad de las estaciones de la línea -todas, excepto su tramo central de Barcelona-, cobrando el correspondiente canon de la Generalidad por ellas. El sistema permitió obtener unos 3.000 millones extra, en un momento, el año 2008, en que el presupuesto ya había llegado a casi 7.000 millones de euros. En contrapartida, este peculiar sistema de financiación ha disparado el coste final. Con casos especialmente sangrantes.
Canon por la concesión de estaciones cerradas
Así, las diferentes constructoras de la L9 están ya cobrando de la Generalidad el canon que les corresponde por las 28 estaciones finalizadas, y que, según este reportaje, ascendió a 257 millones de euros el año pasado. El matiz es que estas estaciones están cerradas, porque por ellas, debido al retraso general de la obra, no circulan trenes. Y no hay fecha prevista para que entren en funcionamiento.
A pesar del precedente de este sistema de financiación, la Generalidad, aterida por sus problemas de liquidez, se ha planteado no solo continuarlo, sino ampliarlo, en forma de concesión de toda la línea durante 30 o 40 años. Un plan -o globo sonda- que fue inmediatadamente criticado desde diferentes sectores. Incluso desde la propia CiU, por parte del alcalde de Barcelona, Xavier Trias.