La Generalidad no tiene la más mínima intención de cumplir las sentencias de los tribunales que ordenan establecer una educación bilingüe en toda la enseñanza obligatoria y preguntar en los impresos de preinscripción por la lengua habitual de las familias para ofrecerles en ese idioma -castellano o catalán- la primera enseñanza.
Así lo ha asegurado este martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, quien ha insistido en que el proceso de matriculación seguirán "de forma normal", sin ninguna modificación, a pesar del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). De hecho, Rigau ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico están a la espera de la respuesta a sus alegaciones, y se ha mostrado convencida de que esta "será favorable a los intereses de la Generalidad".
Rigau ironiza con su incumplimiento de las sentencias
La dirigente nacionalista ha argumentado que "los requisitos establecidos en las leyes orgánicas que dan derecho a una plaza escolar están vinculados a la proximidad del domicilio familiar, al domicilio de trabajo, al número de hermanos en el centro y a si se tiene alguna discapacidad". "En ninguna ley orgánica se prevé que exista la posibilidad de pedir una escuela en razón de lengua, por tanto, es una demanda que no alteraría para nada, no tendría ningún efecto, dado que no puede ser utilizada para repartir las plazas. Como es una evidencia tan clara, estamos convencidos que no se tendrá que repetir el proceso [de matriculación], porque si se tuviese que repetir lo haríamos otra vez igual, porque este elemento no forma parte de los requisitos de acceso ni de petición de plazas", ha explicado.
Además, ha ironizado: "[El del Gobierno] fue un requerimiento mucho más político que técnico que técnico o de desconocimiento de la gestión porque hace tantos años que el Ministerio no gestiona el sistema educativo que es probable que se les pasase por alto que la propia normativa no permitía hacer lo que pretendían con este recurso".