El instructor del 'caso Palau' concluye que CDC presuntamente cobró comisiones ilegales a cambio de obras públicas

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha dado por cerrada la instrucción del caso con un auto en el concluye que CDC cobró comisiones ilegales millonarias de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicar a la constructora obras públicas; unas 'mordidas' que presuntamente se camuflaron como donaciones de patrocionio a través de la institución cultural y como convenios de colaboración con la Fundació Trias Fargas (actual CatDem).

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona señala que supuestamente Ferrovial "abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada" por la Generalidad y otras instituciones públicas.

De este 4%, 2,5 puntos se asignaban a CDC y los 1,5 restantes se los repartían el presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y para su mano derecha, Jordi Montull, por su labor como mediadores.

"Otros altos responsables" de CDC intervinieron, pero no se han podido identificar

El juez considera que, por parte del partido, presuntamente intervinieron en el desvío de fondos el ex tesorero Carles Torrent -fallecido en 2005-, su sucesor, Daniel Osàcar, y el que entonces era un destacado militante, el abogado Jaume Camps.

También indica que habrían colaborado "otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendente sobre los cargos públicos de la Generalidad y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública", pero admite que "la identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de esta instrucción".

Sí que se indican que las obras por las que CDC supuestamente cobró comisiones ilegales fueron la Línea 9 del Metro de Barcelona, la Ciudad de la Justicia y un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

"Un verdadero expolio de los fondos" del Palau

El auto subraya que entre 2003 y 2009 Millet y Montull llevaron a cabo "un verdadero expolio de los fondos" del Palau de la Música: tanto apoderándose directamente de fondos, abonando gastos particulares con ello o destinándolos a pagos a terceros. También mantiene las acusaciones contra la hija de Montull (Gemma) y la ex directora del Palau de la Música, Rosa Garicano -cuñada del Síndic de Greuges, Rafael Ribó-, por presuntamente participar en el saqueo.

Por otra parte, el juez también ha decidido proseguir la causa contra el ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, en contra de la petición de sus abogados. Aunque ha exculpado al ex diputado de CiU Jaume Camps, a quien se le atribuía presuntamente el papel de mediador en las operaciones, al entender que los hechos han prescrito.

Reproches a la "falta de colaboración" de las entidades bancarias

Además, el magistrado reprocha la "falta de colaboración, en absoluto legítima" de las entidades bancarias a la hora de identificar a las personas que cobraron "innumerables" cheques en efectivo en ventanilla durante los años que duró la trama.

El juez concluye que, entre 2000 y 2009, los acusados hicieron desaparecer cerca de 18 millones de euros de las arcas del Palau de la Música, de los que Millet se habría quedado supuestamente 7 millones y Montul 1,3 millones, "mientras uqe se desconoce el destino de los restantes 9,6 millones".

CDC se declara inocente

La instrucción del 'caso Palau' se había dado por finalizada en julio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa para apartar de ella Camps e imputar a los empresarios que facturaron al Palau las obras realizadas en las casas de Millet y Montull.

A pesar de la contundencia del auto, CDC ha emitido un comunicado en el que reitera que la formación nacionalista "nunca se ha lucrado del Palau de la Música ni de las instituciones que dependen de él"; anuncia que defenderán su inocencia y la de Osàcar "con todos los medios" que la ley les otorga; muestra su "respeto" a las actuaciones judiciales y se ofrecen a "colaborar" con la justicia; y aseguran que recurirán el auto.