Los ocho jóvenes condenados por el cerco al Parlamento autonómico de junio de 2011 han presentado este jueves una petición de indulto al Gobierno. Los jóvenes, a los que el Tribunal Supremo condenó en marzo a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado, argumentan que "no cometieron acto de violencia alguna". Los condenados solicitan igualmente se suspenda la ejecución de su entrada en prisión mientras se tramita la petición de indulto.

En su petición de indulto, presentada este jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, los ocho condenados alegan que, según la propia sentencia que los condenó, "no cometieron acto de violencia alguna" de naturaleza física, sino "a lo sumo alguna expresión oral relacionada con la protesta y en ningún caso injuriosa, o interposición con el propio cuerpo sin acometimiento alguno".

Los jóvenes expresan igualmente su convicción de que la opinión pública rechazaría que ingresaran en prisión por su acto de protesta, que "sería interpretado como un uso del sistema penal para desactivar la protesta y supondría ahondar aún más en esta crisis de legitimidad de las instituciones", según señalan. "La ciudadanía está a la expectativa de ver si estos ocho jóvenes participantes en una manifestación del 15M que no cometieron acto de violencia alguna, ingresan en prisión", añade la petición.

Solicitan que se valore el clima social del momento

Los condenados poden igualmente al Ejecutivo que tenga en cuenta "la situación económica, política y social" en el momento "de suceder los hechos objeto de tan severa condena". En este sentido, argumentan que el nivel de crispación del momento respecto a la clase política y la situación económica -en pleno auge de las protestas del movimiento del 15M, y de rechazo a los recortes presupuestarios de las administraciones, "puede hacer que las protestas adquieran una contundencia no deseada pero en todo caso tampoco significativa como para justificar su ingreso en prisión".

Este argumento, de hecho, es similar al de la sentencia absolutoria que recibieron los jóvenes en primera instancia, anulada luego por el Supremo. En un primer momento, la Audiencia Nacional absolvió a los manifestantes alegando que estos "ejercieron el derecho fundamental de manifestación" para "reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios", así como para "expresar el divorcio entre representantes y representados".

La primera sentencia, de la Audiencia Nacional, recordó igualmente que la libertad de expresión y el derecho de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción".

Piden no entrar en prisión

Los ocho jóvenes condenados también han solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda la ejecución de su ingreso en prisión mientras el Gobierno tramita su petición de indulto. Este tipo de solicitudes han sido atendidas a menudo en otros casos de gran impacto mediático, ya sea en condenas por corrupción política o por abusos policiales.

Los hechos sucedieron el 15 de junio de 2011, cuando miles manifestantes rodearon el Parlamento autonómico, que ese día debía debatir los presupuestos de la Generalidad de 2012 -que incorporaban recortes presupuestarios-, con el ánimo de impedir o dificultar el acceso de los diputados.

Al pleno de ese día solo pudieron asistir 70 de los 135 diputados, y algunos de ellos -como el presidente de la Generalidad, Artur Mas, o el entonces líder de la oposición, el socialista Joaquim Nadal- tuvieron que acceder en helicóptero al edificio del Parlamento autonómico.