El Congreso de los Diputados ha decidio rechazar el veto a los jueces, fiscales y secretarios judiciales que el Parlamento autonómico pretendía imponer a través de una proposición de Ley a aquellos magistrados que no acreditasen dominar el catalán.

Por decisión del grupo parlamentario del PP, no se tramitará la proposición de Ley. La diputada del PP Dolors Montserrat ha anunciado el rechazo de su grupo a la toma en consideración de esa iniciativa que planteaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Montserrat ha argumentado que esta iniciativa sólo pretende "condenar a Cataluña a la pobreza lingüística, al monolingüismo" y al "ostracismo".

También UPyD ha anunciado su rechazo a la tramitación del texto al considerar que los nacionalistas catalanes recurren a "una falacia" para "cargarse" el derecho de los españoles a la igualdad de acceso a la Justicia.

EL PSOE se une a los nacionalistas

La proposición de Ley, por contra, ha contado con el respaldo del resto de fuerzas parlamentarias, incluido el grupo socialista. Los diputados de la Cámara autonómica Elena Ribera (CiU), Gemma Calvet (ERC) y Salvador Milá (ICV) han defendido en el pleno del Congreso la proposición de ley, destinada a, a su juicio, a dar cumplimiento al Estatuto de Cataluña en el respeto a los derechos de los ciudadanos a expresarse en catalán ante la Justicia.

Por su parte, la diputada Elena Ribera ha lamentado que mientras en 2004 el 21 % de las sentencias dictadas en Cataluña eran redactadas en catalán, en 2013 ese porcentaje sólo alcanzó el 12,4 %. El parlamentario de ICV Joan Coscubiela ha advertido de que, "si el Estado español o quienes lo gobiernan no aceptan la plurinacionalidad o el plurilingüismo, lo que va a saltar por los aires no es el catalán, es el Estado español".

Rechazada en base a un principio no discriminatorio

La aceptación de la proposición de Ley hubiera significado que magistrados y fiscales formados fuera de Cataluña no se podrían ejercer en esta Comunidad como jueces y fiscales sin acreditar el dominio del catalán, mientras que los de Cataluña sí que podrían trabajar en el resto de España sin ningún requisito añadido.

Cabe recordar también que en el ordenamiento jurídico actual ya está contemplado el derecho a declarar en catalán aunque el juez o el fiscal no lo domine.