Xavier Crespo (CDC), a juicio el 3 de junio

Ya hay fecha para el juicio oral contra el diputado de CiU y ex alcalde de Lloret de Mar (Gerona) Xavier Crespo, acusado de los presuntos delitos de cohecho y prevaricación por supuestamente haber beneficiado con concesiones del Ayuntamiento a un empresario ruso vinculado a la mafia de su país a cambio de regalos personales. Crespo y los otros tres acusados se sentarán en el banquillo a partir del 3 de junio, pasadas las elecciones municipales.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, el juicio contra Crespo empezará el miércoles 3 de junio a las 9:30h, y está previsto que se desarrolle desde ese día hasta el 15 del mismo mes de junio.

Junto a Crespo están acusados el ex concejal de urbanismo de la localidad Josep Valls, el empresario ruso Andrei Pretov, la arquitecta Pilar Gimeno y el presidente del equipo de hockey local, Joan Perarnau. Como responsable civil subsidiaria deberá responder la empresa de Petrov Development Diagnostic Company.

"A cambio de favores"

Según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para Crespo, el ex alcalde adjudicó y facilitó irregularmente a Petrov la concesión para construir un centro comercial en la antigua plaza de toros de la localidad "a cambio de determinados favores".

El supuesto soborno habría sido sorprendentemente barato: Según la fiscalía, estos "favores" se tradujeron en el patrocinio de Petrov a los clubes locales de fútbol y hockey, en los cuales "tanto Crespo como Valls tenían familiares" por un valor total de 270.000 euros entre los años 2007 y 2010. Además, Crespo y su familia, junto a Gimeno, fueron invitados a un viaje a Rusia, por un valor de unos 2.000 euros, y el ex alcalde recibió de Petrov un reloj Zenith, valorado en 2.200 euros.

La Fiscalía pide también para Valls dos años y tres meses de cárcel, dos años y un mes para Gimeno, y dos años para Petrov y Perarnau. Para los cuatro acusados pide, además, una multa de 831.600 euros a cada uno, así como nueve años de inhabilitación para los ex cargos públicos.