La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha vuelto a apelar al victimismo y a la demagogia, y ha asegurado que el recurso del Gobierno para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña es "una estrategia política" que solo pretende "la desaparición de la lengua catalana".

"Tiene una intencionalidad política que pretende a la larga la desaparición de la lengua catalana. El objetivo de fondo es que, si la lengua catalana ha mantenido viva su fuerza gracias en gran parte a la escuela, lo que se está pretendiendo políticamente es que la lengua catalana se debilite porque debilitando la escuela y su papel de transmisión lingüística estamos reduciendo a que el catalán sea una lengua solo para que se hable en la familia, [...] que quede residual y no esté garantizado su futuro", ha señalado Rigau en una rueda de prensa tras concocerse el recurso del Gobierno.

Rigau niega el derecho a recibir enseñanza en castellano

Según Rigau, el derecho a recibir enseñanza en español es "un derecho no previsto en ninguna sentencia ni en ninguna ley, [...] un derecho que no está reconocido y que ellos de forma insistente han ido creando en el imaginario". "Quieren forzar y fuerzan para defender suponemos ante el resto del Estado y ante su situación política un cambio de reglas de juego que distorsione el sistema y el trabajo hecho, y se obligue a realizar una nueva preinscripción".

Sin embargo, el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña señala:

"Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".

Y los tribunales han determinado que eso debe garantizarse mediante la inclusión de una casilla en el impreso de preinscripción en el que se pregunte por la lengua habitual de los niños.

De igual forma, los tribunales han establecido que el castellano debe ser lengua vehicular en una proporción razonable, y en cualquier caso, como mínimo en un 25% de las materias.

Excluir el español, "garantiza el éxito escolar y la cohesión"

Rigau ha señalado que el Gobierno "pretende judicialmente modificar el modelo lingüístico, la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y y hacer un nuevo ataque, el más frontal, al modelo de inmersión", un modelo que los tribunales han dictaminado que es ilegal en innumerables sentencias.

También ha rechazado la posibilidad de de que "el trato del catalán y el castellano" en la educación en Cataluña tengan que ser "idénticos", para lo que ha apelado a los tópicos de los defensores de la inmersión, según los cuales el modelo de exclusión del español como lengua vehicular "garantiza el éxito escolar, la cohesión, la promoción y el dominio del catalán, el castellano y las lenguas extranjeras".

Además, ha rechazado las peticiones del Gobierno para desarrollar el bilingüismo previsto en la LOMCE: "¿Nosotros hemos de desarrollar esta norma? ¿Ustedes han visto alguna vez que un ahorcado se construya la horca?".

"Seguiremos como hemos continuado estos años aplicando nuestra normativa"

La consejera ha insistido en que el recurso tiene una alta "connotación política", "administrativamente es un dispartate", "políticamente representa una ofensa" contra el Parlamento autonómicos y es un "último intento de matar el modelo de inmersión lingüística", declarado fuera de la ley por los tribunales. "Estamos ante una operación de un alcance político importantísimo", ha alertado.

En todo caso, ha asegurado que la Generalidad presentará alegaciones al recurso, y ha alardeado de que, a pesar de las sentencias, la Consejería nunca ha modificado el sistema de inmersión lingüística escolar obligatorio exclusivamente en catalán. "Ahora lo haremos igual. Seguiremos como hemos continuado estos años aplicando nuestra normativa", ha sentenciado.