La UE puede sancionar a España con 19 millones por la ocultación de déficit en la Comunidad Valenciana

Europa no tolera nada bien las trampas contables en las cuentas públicas. Si el club europeo ya se indignó en su día por la ocultación del déficit real en los presupuestos de Grecia previos a la crisis, ahora prepara una multa para España por un motivo similar. Aunque la ocultación haya sido menor, y circunscrita a una Comunidad Autónoma, la valenciana.

Según informa este miércoles Europa Press a partir de fuentes comunitarias, la Comisión Europea aprobará entre hoy y mañana jueves imponer una multa de unos 19 millones de euros a España, por lo que el Ejecutivo europeo considera una manipulación de los datos de déficit en la Comunidad Valenciana, que habría ocultado sistemáticamente una parte de su gasto sanitario, para que no contabilizara como déficit.

Bruselas empezó a interesarse por las cuentas autonómicas valencianas después de que, en 2012, en el punto máximo de la crisis de deuda española, el Gobierno informó a la oficina estadistica europea, Eurostat, de que la cifra de déficit de 2011 que había notificado unas semanas antes debía revisarse al alza, por gastos no registrados en la Comunidad Valenciana.

Guindos "No la pagará el Estado"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha reaccionado a esta información asegurando que la multa "no la va a pagar el Estado" [refiriéndose a la Administración central], y que "la tiene que pagar quien la tiene que pagar". Guindos también ha explicado que esta irregularidad contable solo afecta a los datos de 2011 y anteriores, porque se "corrigió" una vez detectada.

De aprobarse, esta seria la primera vez que la Comisión Europea sanciona a un estado miembro por manipulación de las cuentas. Los poderes del Ejecutivo europeo para aplicar este tipo de sanciones se aprobaron en 2011, cuando se descubrió que Grecia había estado falseando sistemáticamente sus cifras de déficit.

La multa de 19 millones de euros, no obstante, se considera como un castigo simbólico para España. Y es que, según la normativa europea, Bruselas podría imponer un castigo de hasta el 0,2% del PIB, lo que en el caso español supondría cerca de unos 2.000 millones de euros.