La proposición sobre una ley electoral catalana sigue adelante en el Parlamento autonómico. Pero con un muy precario consenso, y con nulas -a día de hoy- garantías de que pueda ser aprobada definitivamente en esta legislatura. De momento, se ha admitido a trámite en la Cámara. Aunque solo con los votos de CiU y ERC. Y con un texto que deja en blanco el núcleo fundamental de la ley: el propio sistema electoral.

La propuesta ha sido admitida a trámite al superar el debate de totalidad, tras rechazarse, con los únicos votos de CiU y ERC -más la diputada no adscrita Marina Geli, ex socialista- y la abstención de la CUP las enmiendas a la totalidad de PSC, PP, ICV-EUiA, y la enmienda de devolución de C's. Se da el caso de que ICV-EUiA y la CUP también firman, junto con CiU y ERC, el texto presentado hoy, pero los primeros han decidido finalmente presentar una enmienda a la totalidad, mientras que los segundos se han abstenido en casi todas las votaciones.

Las enmiendas de socialistas y ecosocialistas se han rechazado por 59 votos a favor -PSC, PP, ICV-EUiA y C's-, 71 en contra -CiU, ERC y Geli- y las tres abstenciones de la CUP. La del PP se ha rechazado por 46 votos a favor -PSC, PPC y C's-, 71 en contra -de nuevo CiU, ERC y Geli- y 16 abstencions -ICV-EUiA y la CUP-. Estas tres enmiendas presentaban un texto alternativo, que incluía una propuesta de sistema electoral. La enmienda de devolución de C's ha tenido un rechazo casi unánime: solo los nueve votos a favor del propio partido naranja, 123 en contra -CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA la CUP y Geli-, y una abstención.

Tras superar el debate de totalidad, la propuesta seguirá tratándose en comisión, hasta su debate definitivo en el pleno del Parlamento autonómico.

PSC, PP o C's, imprescindibles

La votación de hoy ya revela la falta de consenso de la propuesta. Un consenso que es imprescindible para aprobarla de forma definitiva, ya que una ley electoral requiere una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico -90 diputados- que CiU y ERC

no suman ni siquiera con el apoyo de ICV-EUiA y la CUP -ni con Geli-, por lo que socialistas, populares o C's deberían sumarse al consenso. Algo que ahora mismo se antoja muy complicado, por las posturas encontradas en cuanto al sistema electoral.

Así, a CiU y ERC les beneficia a priori un sistema que prime la representatividad del territorio por delante de la proporcionalidad. Todo lo contrario que a PSC, PP, ICV-EUiA y C's, que concentran sus votos sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, y que ya han exigido modelos electorales en los que predomine la proporcionalidad.

De hecho, esta disparidad de criterios es la que ha hecho que Cataluña sea la única CCAA sin ley electoral propia, de forma que se rige por la Ley Electoral General, de acuerdo a una disposición transitoria del Estatuto de 1979 -prorrogada en el de 2006- que, en principio, debía regular únicamente las elecciones autonómicas de 1980.

Intentos fracasados

Los diversos intentos por crear una ley electoral catalana han sido siempre más retóricos que otra cosa. Incluyendo el teórico consenso de 2010, cuando una propuesta de expertos externos a los partidos -pero designados por estos- murió sin acuerdo, después de haber cosechado, primero, el escepticismo del PSC, y después, el bloqueo de CiU.

Ante este panorama, y con la idea de asegurarse que al menos llegue al pleno, la propuesta que se ha admitido hoy a trámite deja en blanco la cuestión fundamental del sistema electoral, para ocuparse de temas menores como el envío de propaganda electoral, las incompatibilidades de los candidatos o las cuotas en los informativos de los medios públicos.

Y también se ocupa de otro punto, no tan menor, que podría explicar las prisas de CiU, ERC y la CUP -con muchos matices en el caso de ICV-EUiA- en aprobar la ley esta legislatura, incluso sin sistema electoral. Y es que el texto propone crear una Sindicatura Electoral catalana, que supervisaría los comicios. Es decir, el mismo papel que ahora lleva a cabo la Junta Electoral Central. En definitiva, se trataría de celebrar las elecciones anunciadas para el 27S, que los partidos secesionistas plantean como un plebiscito sobre la independencia, ya con la supervisión de esta nueva "estructura de Estado", y no de la Junta Electoral.