El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha agrupado las diversas acusaciones particulares contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por haber organizado el simulacro de consulta secesionista del pasado mes de noviembre pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional (TC).
En un auto divulgado este lunes, la Sala Civil y Penal del TSJC agrupa las acusaciones particulares interpuestas por el sindicato Manos Limpias, los partidos UPyD y Vox, la Asociación Pro Justicia XXI, el Sindicato Profesional de Policía y un particular, Alberto Delgado. Las seis acusaciones particulares "salvo que, actuando de acuerdo, propongan otra resolución", actuarán bajo una sola dirección y representación, que ejercerá Manos Limpias, en tanto que fue quien primero presentó la querella.
El TSJC, además, requiere una fianza a las acusaciones particulares para seguir personadas en la causa. A cada uno de los sindicatos, partidos y asociaciones les exige que depositen 3.000 euros, mientras que en el caso de Alberto Delgado rebaja esta cantidad a 300 euros. A todos ellos les da un plazo de ocho días para depositar la fianza.
Además de estas acusaciones particulares, la propia Fiscalía del TSJC se querelló también contra Mas, Ortega y Rigau por los mismos hechos. La querella de Fiscalía se presentó tras una sonada polémica, después de que los fiscales catalanes se rebelaran en un primer momento contra la orden del anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, de actuar contra Mas y sus dos consejeras.
"Presunta desobediencia" al TC
El TSJC admitió finalmente a trámite las diversas querellas contra Mas, Ortega y Rigau en diciembre, por "la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014, así como a todos los hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados".
La Fiscalía Superior de Cataluña atribuye a Mas, Ortega y Rigau los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos, por organizar hasta el final la pseudoconsulta del 9N, pese a la prohibición expresa del TC no solo de llevarla a cabo, sino de iniciar cualquier actuación relacionada con ella.
La querella de la Fiscalía añade que Mas, Ortega y Rigau se habían "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución".