El Gobierno requiere formalmente a Mas que suprima su 'consejería' para la secesión, o recurrirá al TC

El Gobierno sigue adelante con su táctica de no permitir que la Generalidad lleve a cabo sus iniciativas destinadas a dar forma al proyecto secesionista. Si recientemente ya aprobó recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Comisionado para la Transición Nacional -la consejería para la secesión de Mas-, ahora ha requerido formalmente al Gobierno autonómico para que lo suprima, o en caso contrario acudirá al TC. Además, ha requerido también paralizar los planes para crear nuevas "estructuras de Estado".

En un requerimiento de unas 50 páginas, el Gobierno exige a Mas que derogue el nombramiento del anterior presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, para el cargo de nueva creación de Comisionado -rango solo por debajo de consejero, con derecho a asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo de la Generalidad- para la Transición Nacional.

También las "estructuras de Estado"

En el mismo documento, el Ejecutivo exige igualmente al presidente autonómico, Artur Mas, que frene otras dos iniciativas que considera igualmente inconstitucionales: el Plan de Infraestructuras Estratégicas y el Plan Ejecutivo para la Preparación de Estructuras de Estado. El Gobierno da un mes de plazo a la Generalidad para que atienda su requerimiento, antes de recurrir al TC.

El Gobierno considera que estas iniciativas de Mas pretenen "preparar, planificar y ejecutar las denominadas estructuras de Estado", ante la eventualidad de "declarar la independencia de Cataluña al margen de cualquier procedimiento conforme con el vigente orden constitucional". Por lo mismo, el Gobierno advierte a la Generalidad de que no lleve a cabo cualquier otra "previsión o actuación futura" equivalente a las iniciativas que ahora le exige derogar.

Ola de suspensiones del TC

El requerimiento llega poco después de que el TC haya suspendido parte la ley de acción exterior de la Generalidad, y dos días después de que Mas forzara al límite desplegando esta misma ley.

Durante este 2015, el TC ya ha suspendido también la parte fundamental de la ley autonómica de consultas, ha limitado algunas funciones del Síndic de Greuges, y ha suspendido -por segunda vez- el impuesto autonómico a los bancos.

En diciembre, además, el Alto Tribunal suspendió la ley catalana sobre horarios comerciales, y en octubre hizo lo propio con el decreto sobre pobreza energética. Entre estas dos fechas, prohibió -por dos veces- celebrar una consulta secesionista el 9N.