La juez sienta en el banquillo a seis mossos por el caso Benítez

El caso de la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, que falleció en octubre de 2013 tras ser detenido e inmovilizado por una patrulla de los Mossos d'Esquadra en el barrio del Raval de Barcelona, llega finalmente al juicio oral. Y seis de los agentes deberán sentarse en el banquillo de los acusados, enfrentándose a una posible pena de 11 años de prisión.

Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, Eva Moltó, que ha decretado la apertura de juicio oral, con jurado popular, contra seis de los 10 agentes imputados. Los mossos serán juzgados por un presunto delito contra la vida por dolo eventual -es decir, actuar a sabiendas de que su actuación podía producir una muerte- o, alternativamente, por homicidio por imprudencia grave. La juez también les atribuye un presunto delito contra la integridad moral, y les impone una fianza conjunta de 200.000 euros.

Otros dos de los agentes imputados serán juzgados por un presunto delito de obstrucción a la justicia, mientras que la juez ha sobreseído la causa para dos más.

Los hechos sucedieron la noche del cinco al seis de octubre de 2013 en la calle Aurora de Barcelona, cuando Benítez fue detenido a las puertas de su domicilio por un altercado con una tercera persona. El empresario -como muestra un vídeo difundido pocos días después-, fue inmovilizado en el suelo con uso de fuerza durante largo rato, hasta que dejó de moverse. Algunos de los agentes lo golpearon mientras estaba inmovilizado, como se aprecia también en el video.

"Uso excesivo de la fuerza"

En su auto, la juez considera que los agentes acusados "no adecuaron su actuación a las circunstancias del caso, provocando el lamentable desenlace, bien propinando todo tipo de golpes al Sr. Benítez, bien participando en las maniobras de reducción de forma desproporcionada". La juez añade que los mossos acusados colocaron a Benítez "en una situación en la que le resultaba imposible defenderse", y que hicieron un uso excesivo de la fuerza.

El caso, y su posterior instrucción, han pasado por fases de gran polémica. En primer lugar, por la férrea defensa que hizo de los agentes involucrados en consejero de Interior, Ramon Espadaler, que llegó a decir que no apreció "mala praxis" de los agentes en los vídeos, y se negó a suspenderlos hasta que fueron imputados.

En segundo lugar, por la llamativa decisión de la juez de no solo denegar una segunda autopsia a Benítez solicitada por las defensas -aludiendo a un presunto consumo de drogas por parte del fallecido- sino de responder ordenando una prueba toxicológica a los agentes. Finalmente, cuatro de estos agentes se presentaron ante los forenses con el cabello de la cabeza muy corto y el cuerpo "rasurado", por lo que no se les pudieron tomar las muestras de pelo necesarias para la prueba.