Ante el plan del Gobierno de la Generalidad para avanzar en las denominadas estructuras de Estado y crear una Agencia Tributaria catalana, la entidad empresarial favorable al mantenimiento de Cataluña dentro de España -Empresaris de Catalunya-, ha rechazado la propuesta al considerar que "provoca inseguridad jurídica, no está contemplada en la ley y disuade la inversión extranjera en Cataluña por suponer más trabas e incluso por provocar duplicidades con la Agencia Tributaria".
En un comunicado enviado por la entidad, el presidente José Bou ha afirmado que "la creación de una agencia tributaria de la Generalidad tendrá que ser sufragada con nuevos impuestos que contraerán la capacidad de las empresas para invertir y crear empleo". Asimismo, en palabras de Bou, "el fraude se combate, esencialmente con tres medidas: fiscalidad baja, normas simples y facilidades telemáticas en el pago".
Cataluña ya tiene los impuestos más elevados del país
Por su parte, Carlos Rivadulla, vicepresidente de la entidad, ha recordado que Cataluña tiene fijados algunos de los impuestos más elevados de todo el país, por ejemplo en el IRPF, que en estos días está en plena campaña de recaudación. Rivadulla también ha mostrado su desacuerdo a la creación de un buzón de denuncias anónimo: "No es positivo que una administración fomente la denuncia entre ciudadanos. La mejor medida sería dotar a los órganos de inspección de más medios humanos y materiales para evitar el fraude. Pero para ello hace falta una auténtica voluntad política".
Para Empresaris de Catalunya lo prioritario es tener una administración eficaz con una fiscalidad justa. En este sentido, han asegurado que en algunos sectores, como el del juego, en el que Cataluña es una potencia mundial, "la fiscalidad rígida y elevada ha provocado una caída de la recaudación que ha perjudicado, paradójicamente, a la administración autonómica" por mantener una elevada fiscalidad sin tener en cuenta la evolución del mercado.
El presidente Bou finalmente ha reiterado que lo que se debería hacer es "aparcar" la creación de la 'Hacienda propia' y "profundizar en la colaboración con la Agencia Tributaria estatal".