El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha considerado que el gobierno autonómico de Artur Mas "realizó y asumió" la celebración de la consulta secesionista del 9N pese a que el Tribunal Constitucional había acordado suspender todos los actos preparatorios.
En un auto, el tribunal acepta incorporar a Plataforma per Catalunya (PxC) en la causa por desobediencia abierta contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
La querella inicial de PxC se dirigía contra Mas y Ortega por un delito de desobediencia y otro de malversación de caudales públicos, por los gastos públicos generados en la convocatoria de la consulta, cuyos preparativos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional en una providencia del 4 de noviembre.
Según el TSJC, hay indicios de que el Gobierno de la Generalidad pudo cometer un delito de desobediencia "toda vez que el llamado 'Proceso de participación ciudadana', que culminó con las votaciones realizadas en diferentes centros públicos y privados de Cataluña el 9N del 2014, fue presuntamente realizado y asumido por la Generalidad tras la suspensión de todos los actos preparatorios y vinculados" acordada por el Constitucional.
El alto tribunal mantiene abierta la investigación por el 9N, instada entre otros por la Fiscalía Superior de Cataluña, tras rechazar en febrero pasado los recursos de Mas, Ortega y Rigau para que se archivara el procedimiento.