El Gobierno sigue recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) para detener las iniciativas de la Generalidad que considera contrarias a la Constitución, y que implican nuevos pasos en el desafío secesionista de CiU y ERC. Y el alto tribunal sigue dándole la razón cautelarmente. Ahora le ha tocado el turno a la ley de acción exterior autonómica, que el Ejecutivo recurrió el mes pasado, y que ha quedado automáticamente suspendida de forma cautelar en la mitad de su articulado, después de que el TC haya aceptado a trámite el recurso.

En concreto, el Gobierno recurrió 20 de los 40 artículos de la norma autonómica. Se trata de los artículos 1 a 9, que consideran a la Generalidad como actor internacional al margen del Estado español; el 26, que regula las relaciones del Ejecutivo autonómico con gobiernos extranjeros, los que van del 29 al 33, sobre la representación autonómica en el exterior, y los artículos del 34 al 38, que versan sobre la diplomacia pública de Cataluña.

Según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando informó de que el Consejo de Ministros había aprobado presentar el recurso, el Gobierno entiende que la ley autonómica invade competencias exclusivas de la administración central de Estado, por lo que sería inconstitucional.

El recurso

En general, el Ejecutivo cree que los artículos recurridos -y ahora, suspendidos-vulneran dos artículos de la Constitución: el 149.1, que establece que es la administración central del Estado la que tiene la competencia exclusiva en relaciones internacionales, y el 97, que dicta que es el Gobierno quien ha de dirigir la política exterior.

La política exterior se había convertido últimamente en una de las grandes prioridades del reto independentista de CiU y ERC, en el marco de lo que ambas formaciones consideran como nuevas "estructuras de Estado" para preparar una hipotética secesión.

En este sentido, el Gobierno autonómico ha dado varios pasos concretos en los últimos meses, siempre en la misma dirección. La ley ahora recurrida entró en vigor en diciembre, y antes y después la Generalidad ha manifestado que tiene intención de abrir nuevas delegaciones en el exterior -las popularmente conocidas como embajadas. De hecho, ya ha nombrado a embajadores en Austria e Italia, además del denominado "representante permanente" de la Generalidad ante la UE, el ex portavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj. Un embajador, este último, que la UE ha rechazado reconocer como interlocutor.

Aumento del presupuesto autonómico en acción exterior

En el marco de esta ofensiva diplomática, el Gobierno autonómico de Artur Mas contempló un significativo incremento de su presupuesto para acción exterior en los presupuestos de la Generalidad para este 2015.

Además, en febrero, Mas anunció que tenía intención de "reforzar e implementar la acción exterior de la Generalidad" en los próximos meses, desplegando el reglamento de la ley de acción Exterior autonómica. Un reglamento que ya no podrá desplegar, después de que la ley haya quedado suspendida.

La suspensión, no obstante, es de momento provisional, por un primer periodo máximo de cinco meses, prorrogable. Antes de esa fecha, el TC debe o bien emitir una sentencia, o bien decidir si levanta o mantiene la suspensión a la espera de su veredicto final sobre el fondo del recurso.