Entidades de discapacitados reclaman a la Generalidad una deuda de más de 82 millones

Las entidades de discapacitados siguen reclamando a la Generalidad que pague sus deudas. Si hace menos de un mes el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), en representación del movimiento asociativo de la discapacidad en Cataluña, denunció los "impagos" del Gobierno autonómico a las entidades que prestan servicios de titularidad pública a discapacitados -residencias, centros de día o similares-, advirtiendo, además, que la situación no era "nueva", ahora la misma entidad arrecia en sus críticas.

En un nuevo comunicado, el Cocarmi se queja de que "la deuda acumulada por la Generalidad desde el ejercicio 2011 con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad supera los 82 millones de euros". Del total de la deuda, la mayor parte (41 milloens) corresponden a programas de la Consejería de Bienestar Social y Familia, básicamente por plazas concertadas de residencias y centros de día y similares. El segundo gran capítulo de la deuda corresponde a la consejería de Empresa y Empleo, por impagos en programas de inserción laboral Por ejercicios, la Generalidad debe a estas entidades 28,2 millones correspondientes a 2015, 31,3 de 2014, 12,1 de 2013, 7,8 de 2012 y 2,9 de 2011.

El presidente de la entidad, Antonio Guillén, advierte de que los impagos de la Generalidad están provocando "una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de éstos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de las listas de espera y unas mayores cargas para las familias". Guillén añade que también se está produciendo una limitación en "la creación de puestos de trabajo", así como "un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad".

El presidente del Cocarmi alerta de que "los avances conseguidos en las últimas décadas en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, después de mucha lucha, se están diluyendo" a causa de los impagos del Gobierno autonómico. "Costará muchos años volver a los niveles de servicios anteriores a la crisis", advierte.

Su carta de marzo "todavía no ha recibido respuesta"

Además, el Cocarmi señala que no solo la situación no se ha arreglado pese a sus recurrentes peticiones, sino que estas ni siquiera han sido escuchadas. Así, lamenta que la carta que envió al propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, con sus quejas del mes de marzo "todavía no ha obtenido respuesta". Y que esta se suma a otra misiva anterior, del mes de octubre, después de que la Generalidad anunciara un nuevo aplazamiento de los pagos a las entidades.

En marzo, el Cocarmi ya avisó de que, además de los retrasos, las entidades de discapacitados se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuándo les pagará la Generalidad, lo que dificulta la "continuidad" de los profesionales o la negociación con proveedores. En este sentido, exigían al Ejecutivo autonómico de Artur Mas que proporcione un calendario de pagos. Una reivindicación que han vuelto a repetir ahora. La entidad también pide al Gobierno autonómico "vías de financiación en condiciones favorables" así como que asuma "el coste financiero derivado de los impagos".

Estas dos reivindicaciones, un calendario de pagos y compensación por los gastos financieros en que deben incurrir las entidades por el impago de la Generalidad, son idénticas a las que efectúa de forma recurrente otro colectivo especialmente perjudicado por los retrasos en el pago del Ejecutivo autonómico, las farmacias catalanas.