El ex consejero de la Generalidad y actual presidente de la Fundación Josep Irla, Josep Huguet, ha asegurado este miércoles que España está, como Grecia, en quiebra: "Se habla mucho de los riesgos de la independencia, pienso que hemos de valorar el coste de lo que significa continuar en un Estado que no hace los deberes y que estaría en una situación de quiebra similar a la de Grecia si no estuviera maquillada por los bajos intereses".
Huguet, durante la presentación del informe 'Reparto de activos y pasivos entre Cataluña y el Estado español', ha criticado la construcción de la alta velocidad española, ya que la vinculó a una concepción centralista, y ha elogiado a Portugal y Francia por haber parado las inversiones en esta infraestructura.
"En Portugal igual son un poco más pobres, pero son más coherentes. A la que comenzaron las restricciones cortó el AVE. Aquí se continúa invirtiendo en AVE, que no es solo por la inversión que se está haciendo, sino por el coste derivado del mantenimiento. Es una auténtica monstruosidad desde una óptica española, pero como la concepción de la red es política, que es ridícula porque no circula nadie. En Francia, después de consultas populares se ha abandonado la continuidad del AVE en zonas como Tolosa o Burdeos", ha señalado.
Apelaciones a la época de Isabel II
Huguet ha insistido en que "en el Estado por razones políticas e ideológicas, por el fenómeno Madrid construido desde Felipe II se continúa haciendo unos trenes que lleven al Estado, y por tanto también a nosotros, a la quiebra". "Quiero recordar que la salida de Isabel II del poder ya fue debida a la quiebra de los trenes del siglo XIX, construidos bajo las mismas concepciones burrocráticas, yo diría", ha añadido, aunque no ha hecho ninguna referencia a que Cataluña tiene conectadas todas sus capitales de provincia a la red de alta velocidad.
Sobre el estudio, que ha sido realizado por los economistas Jordi Angusto y Gemma Pons, y por el ingeniero Marcel Coderch, Huguet ha asegurado que el método de cálculo es "objetivo". Según Angusto, el documento parte de la premisa del "traspaso simultáneo de activos y pasivos, se asume el mismo porcentaje de pasivos que de activos ubicados en el territorio". El objetivo es valorar los costes de una posible independencia y cuál sería la factura a pagar por un hipotético Estado catalán.
Cifras poco consistentes
En cifras, según sus promotores, el pasivo que tendría que asumir Cataluña se situaría en una horquilla "entre los 29.000 y un máximo de 85.000 millones de euros". Estas cifras se obtienen con el método llamado Bélanger-Campeau y establece que "así como los activos materiales [por ejemplo, infraestructuras] son de obligado traspaso, los inmateriales [por ejemplo, empresas públicas] serán objeto de negociación".
Otros métodos de cálculo, en cambio, difieren de estos resultados. Así, según un informe presentado por Sociedad Civil Catalana en octubre pasado, un hipotético Estado catalán independiente nacería con una deuda de alrededor de 228.000 millones de euros, lo que supondría cerca del 118% del PIB, una de las más altas de occidente.
Por otra parte, Angusto, que ha cifrado el "déficit fiscal" de Cataluña en 16.000 millones anuales, ha considerado que con estos números en pocos años se asumiría el pasivo. Sin embargo, los datos oficiales, incluso los de la propia Generalidad, difieren bastante de estos cálculos y reducen el déficit fiscal hasta alrededor de los 4.000 millones de euro (2% del PIB de Cataluña).