La Generalidad enviará esta semana "a representantes de gobiernos extranjeros y a sus embajadas, priorizando los países de la Unión Europea" un informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) en el que denuncia los impedimentos planteados por el Gobierno a celebrar un referéndum o una consulta para conseguir la secesión de Cataluña.

El documento, titulado 'El proceso para hacer la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance' -el 19º que presenta el CATN- recoge todos los intentos y tretas jurídicas realizadas por el Ejecutivo autonómico para llevar a cabo la consulta, y concluye que no le queda más remedio que plantear las elecciones autonómicas del 27 de septiembre como un plebiscito secesionista por ser este "el único camino posible para dar la voz a los ciudadanos de Cataluña".

"Democracia de baja calidad"

A lo largo de 53 páginas, el CATN apela a todo tipo de tópicos nacionalistas, utilizando conceptos inexistentes en el ámbito jurídico internacional como el "derecho a decidir" para defender el plan independentista promovido por CiU y ERC.

También atribuye la actitud del Gobierno a "la democracia de baja calidad que ejerce, que pretende silenciar e impedir el voto de los catalanes", una frase que, sin embargo, solo incluye en su nota de presentación, pero no en el interior del informe.

Un proceso "pacífico" y "democrático" con voluntad de "diálogo"

La Generalidad vende su plan independentista como un "proceso" que "se ha realizado de manera pacífica, democrática (con pleno respeto de las minorías), garantizando escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas e incluso ampliando los derechos de participación de algunos colectivos (jóvenes de entre 16 y 18 años y extranjeros residentes en Cataluña)".

Además, asegura que ha estado "buscando en todo momento el diálogo y el acuerdo político con el Estado español" y ha tenido "una voluntad manifiesta de seguir todas las vías legales existentes en el ordenamiento jurídico vigente".

Trata de capitalizar las negativas de Gobierno, Congreso y Tribunal Constitucional

El informe recoge las grandes manifestaciones independentistas de los últimos años como argumento para celebrar un referéndum independentista. Y apunta los intentos fallidos en ese sentido, como la proposición rechazada por el Congreso en abril de 2014, la sentencia del Tribunal Constitucional de un mes antes y la posterior impugnación de la Ley de Consultas no refrendarias.

También destaca las querellas criminales contra el presidente de la Generalidad, la vicepresidenta y una consejera por organizar el 'proceso de participación ciudadana' del 9N en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Acusa al Estado de juego sucio

Incluso atribuye al Estado "la filtración de informes policiales falsos, con el propósito de condicionar la voluntad de los ciudadanos extendiendo miedos y creando todo tipo de incertidumbres injustificadas".

Y denuncia un "ataque cibernético dirigido contra los sistemas de información de la Generalidad de Cataluña la vigilia del 9N, que "dejó patente que se trataba de una acción encargada y financiada anónimamente, con el objetiov de obstaculizar el buen desarrollo de aquel proceso participativo".

El 27S como "consulta definitiva" sobre la independencia como úna salida

"El Estado ha negado de manera explícita la posibilidad de negociación, no ha dado ninguna oportunidad de hablar; se han cerrado a considerar ninguna de las vías que jurídicamente habría permitido hacer una consulta de manera acordada. Todo eso, siempre alegando una infundada constitucionalidad de todas las vías legales propuestas desde Cataluña, menospreciando las exigencias derivadas del principio democrático", añade el informe.

Y concluye señalando que, debido a que todos los intenteos de "diálogo político" con el Gobierno "se han estrellado sistemáticamente contra el muro de la negativa", a la Generalidad no le queda más remedio que presentar las elecciones autonómicas del 27S como una "consulta definitiva" sobre la independencia de Cataluña.