La Generalidad ha recibido 32 millones de euros del Estado en el reparto a las Comunidades Autónomas del dinero recaudado en 2014 por el impuesto a los depósitos bancarios. El impuesto lo aprobó el Gobierno en 2013, anulando una tentativa paralela del Gobierno autonómico de implantar su propio tributo.

Según las cifras que ha hecho públicas este jueves el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma más beneficiada por este impuesto, solo detrás de Madrid, que ha recibido 66 millones. A mucha distancia les siguen Andalucía (18 millones), la Comunidad Valenciana (15,3), Galicia (11,7), Castilla y León (10,9), Castilla-La Mancha (6,1), Aragón (5,1), Asturias (4,5), Canarias (3,8), Murcia (3,7), Baleares (3,3), Extremadura (2,7), Cantabria (1,9) y La Rioja (1,2).

En total, el Estado las CCAA de régimen común -quedan excluídas las dos comunidades forales, el País Vasco y Navarra-, se han repartido 187,1 millones por el 50% de la recaudación de este impuesto en 2014. El 50% restante deben liquidarlo aun las entidades financieras. El Gobierno reparte la recaudación de este tributo entre todas las CCAA, en proporción a la cantidad total de los depósitos y al número de oficinas bancarias en cada territorio. Con los cálculos actuales, en 2015 Madrid debería recibir 122 del total de 317 millones que se espera recaudar en toda España, mientras Cataluña recibiría 66.

Al principio era de tipo 0

El Ejecutivo aprobó este impuesto a finales de 2012, casi al mismo tiempo que la Generalidad aprobaba un tributo propio a los depósitos bancarios, con la clara intención de hacerlo inviable. De hecho, el impuesto del Gobierno nació a tipo cero, con lo cual su única utilidad, al no proporcionar recaudación alguna, era impedir una explosión de impuestos autonómicos análogos..

Posteriormente, en enero de 2014, el Ejecutivo matizó sus planes, y situó este impuesto en un tipo del 0,03%, con el objetivo de compensar los ingresos previstos por las CCAA que ya contaban con un impuesto similar anteriormente -Extremadura (desde 2001), Andalucía (2010) y Canarias (2012)-.

El impuesto, no obstante, ha generado tensiones entre Gobierno y autonomías, especialmente en el caso de Cataluña. El impuesto autonómico a los depósitos bancarios fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) en enero de 2013, al admitir a trámite un recurso del Gobierno.

Recursos cruzados en el TC

El Alto Tribunal levantó esta suspensión cautelar en mayo de ese mismo año, mientras estudia su decisión final. Al levantar la suspensión, el impuesto volvió a estar en vigor, y la Generalidad aprobó posteriormente la ley que lo desarrolla. Una ley que fue suspendida igualmente por el TC en enero de este año, también tras un recurso del Gobierno.

En ambos casos, el Gobierno ha recurrido alegando doble imposición, al entender que ya existe un impuesto a los depósitos bancarios a nivel nacional que, por tanto, tiene preeminencia sobre los autonómicos. El Parlamento autonómico y la Generalidad contraatacaron recurriendo a su vez el tributo del Gobierno ante el TC, pero este ha rechazado ambos recursos. El de la Generalidad, hoy mismo.

Las decisiones del Alto Tribunal no han evitado que el Ejecutivo autonómico de Artur Mas cese en sus protestas. De hecho, reclama al Gobierno 635 millones, la cantidad que planeaba recaudar con su propio tributo, que aplica unos tipos muy superiores, del 03,% a 0,5%. Esta cifra forma parte de una serie de cantidades no exigibles -como la correspondiente a la clausula adicional tercera del Estatuto- con las que el Gobierno autonómico de Artur Mas pretende cuadrar los presupuestos de 2015.