Declarar unilateralmente la independencia de Cataluña "al día siguiente" de las elecciones del 27S; "impulsar un gobierno de ruptura nacional, social y democrática" con el Estado español y con la Unión Europea; poner en marcha un plan de "desconexión nacional y popular" que incluya "desobedecer" todo tipo de leyes; "adoptar acciones para conseguir el reconocimiento internacional"; y abrir "un proceso de negociación de la secesión con el Estado español" para que este acepte "el derecho a decidir de los Países Catalanes", cuya "construcción y articulación" es el objetivo final.

Esta es la "hoja de ruta" que ha aprobado este sábado el Consejo Político Nacional de la CUP como respuesta a la acordada hace una semana por CiU y ERC.

Una "asamblea constituyente" redactará "Constitución de la República catalana"

De forma más concreta, el plan rupturista de la CUP también prevé la creación de una "asamblea constituyente" que se encargaría de implementar lo que denominan "proceso constituyente", que debería ponerse en marcha antes de las municipales de mayo, y que se encargará de "redactar la Constitución de la República catalana".

"A raíz de las elecciones locales, se creará una nueva institucionalidad articulada a partir del poder local municipal junto a representantes de los organismos de base populares", explican. Y subrayan que "el proceso constituyente integrará a respresentantes de otros territorios de los Países Catalanes". De hecho, también se constituirá una "asamblea municipalista de los Países Catalanes".

"Desobedecer" las leyes nacionales y comunitarias

La "desconexión institucional con el Estado español", según la hoja de ruta de la CUP, implica "la suspensión de la aplicación de toda la legislación estatal y de la UE lesiva para las clases populares".

Así, instan a "desobedecer el límite de déficit, la Ley Wert, la Ley de Reforma de las Administraciones Públicas, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la congelación del impuesto sobre las cuentas bancarias, la invalidación de la ley catalana de comercio, la ley mordaza y todo el arsenal legislativo contra las libertades".

Pedir a la población que pague sus impuestos a la "hacienda pública catalana"

Uno de los puntos destacados es el que propone "crear las estructuras de la hacienda pública catalana" e "iniciar una campaña institucional y popular para concienciar a la población de que los tributos se han de pagar a la hacienda de Cataluña".

También prevén "constituir una caja de resistencia alimentada con las aportaciones de todos los agentes políticos, económicos, sociales y particulares que lo deseen".

La secesión solucionará todos los problemas sociales

La CUP considera que la secesión lo solucionará todo. Así, inmediatamente después de la declaración unilateral de independencia, plantean "aprobar y aplicar un programa de emergencia social".

Este programa es una verdadera bicoca, pues resolverá problemas como el paro, los desahucios, la pobreza energética, el fraude, la corrupción, la falta de transparencia y los recortes en educación, sanidad y dependencia. A la vez, se instaurará una "renta garantizada ciudadana".

Para asegurarse de que este programa se aplica, impulsarán una campaña de "movilización en la calle" para "hacer emerger liderazgos colectivos que permitan reforzar la indisociabilidad entre lucha social y lucha nacional", algo que se extenderá en todo lo que denominan "Países Catalanes".

Críticas a CiU y ERC

Por otra parte, la CUP deja caer algunas críticas a CiU y ERC, sin citarles. "No hay motivo real, menos aún si tenemos presentes las urgencias nacionales y sociales que padecemos, para postergar hasta septiembre las elecciones al Parlamento [autonómico] de Cataluña. Solo los intereses de partido han conducido a esta dilación", denuncian.

Advierten de que "defender que las elecciones tengan un carácter plebiscitario no implica necesariamente que las opciones favorables al 'sí a la independencia' se presenten a las elecciones con alguna marca común", y que "lo fundamental es un compromiso programático y político inequívoco con la independencia y con el final de la austeridad".

Y consideran que "es difícil de creer que en los 8 (sic) meses que quedan de legislatura se construirán las estructuras de Estado que no se han construido en los dos años anteriores de legislatura".