El Parlamento autonómico aprueba el Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las finanzas de la Generalidad de 2012

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General de la Generalidad relativa a las finanzas del Gobierno autonómico del año 2012. El informe, presentado por el propio Síndico Mayor, Jaume Amat, presenta unas obligaciones reconocidas no financieras de 26.910 milones de euros, contra unos derechos líquidos no fincncieros de 23.314 millones. Es decir, un déficit no financiero de 3.596 millones.

El informe también señala un aumento del endeudamiento respecto al año precedente, ya quela deuda viva consolidada pasó de los 35.543 millones de euros de 2011 a 42.311 millones en 2012. Asimismo, la deuda a largo plazo pasó de 24.972 millones en 2011 a 35.864 millones en 2012. Solo bajó el endeudamiento a corto plazo, de los 10.571 millones de 2011 a 6.447 millones en 2012.

Además, la Sindicatura ha hecho algunas recriminaciones al Gobierno autonómico. Amat ha señalado que, si bien la Cuenta General de la Generalidad de 2012 se elaboró "de acuerdo con los principios y normas contables y presupuestarias", no obstante ha realizado 37 "observaciones generales" a la Generalidad, para que las tenga en cuenta en ejercicios posteriores.

La Generalidd no se ha corregido

Amat ha añadido que parte de estas "observaciones" son "parecidas o iguales" a las de años anteriores, cosa que no indica un gran propósito de enmienda por parte del Ejecutivo autonómico.

El síndico también ha aprovechado su comparecencia para pedir que descarguen de trabajo a su institución. Ha explicado que la Sindicatura de Cuentas fiscaliza a mas de una treintena de entidades y empresas públicas de la Generalidad que ya son auditadas por la propia Intervención General de la administración autonómica o por auditorías privadas, lo que considera una "duplicidad" innecesaria.

Amat también ha señalado que la Sindicatura dedica "más de la mitad" de sus recursos a fiscalizar a estas entidades, por lo que ha pedido una "optimización" de los recursos públicos.