El Gobierno de la Generalitat basó una parte de sus expectativas de aumento de ingresos en años recientes en la venta de grandes edificios de titularidad pública. Pero a la vez, para los próximos años pretende adquirir pisos. Concretamente, se reserva el derecho de tanteo -junto con las administraciones locales- en los inmuebles provenientes de desahucios en 72 municipios que considera que tienen necesidades especiales. Los mismos municipios para los que aprobó un impuesto espacial a los bancos por mantener pisos desocupados.

El Consejo Ejecutivo ha aprobado este martes un un decreto ley de medidas "extraordinarias y urgentes" en el sector de la vivienda que otorga a la Generalitat y a los ayuntamientos el derecho de tanteo y retracto -es decir, la opción de compra al mismo precio que se haya ofrecido a un tercero- en las viviendas propiedad de entidades financieras que hayan sido objeto de ejecución inmobiliaria -desahucio-, o que se hayan devuelto al banco mediante dación en pago.

Vigencia de seis años

La medida se aplicará hasta 2021, y será válida solo para inmuebles procedentes de desahucios o daciones en pago posteriores a 2008, el año en que empezó la crisis económica y explotó la burbuja inmobiliaria.

El decreto, que entrar en vigor "de forma inmediata", según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, se aplicará en 72 municipios concretos en los que la Generalitat considera que hay una demanda especial de vivienda, así como un especial riesgo de exclusión social.

El objetivo declarado del Ejecutivo autonómico es evitar que las entidades financieras vendan estos inmuebles -generalmente, con enormes descuentos- a fondos de inversión internacionales, denominados coloquialmente 'fondos buitres'. En caso de adquirir los inmuebles, la Generalitat los destinará a alquiler social.

Los mismos municipios del impuesto a los pisos vacíos

Los 72 municipios en los que se aplicará la medida son los mismos en los que se aplica un impuesto a los bancos por sus pisos vacíos, aprobado el año pasado por el Gobierno autonómico y que entró en vigor el 1 de enero, con el objetivo de incentivar a las entidades financieras a poner en el mercado de alquiler su parque de viviendas.

La Generalitat no calcula que deba comprar un número muy elevado de viviendas en virtud de esta medida, según se desprende de las cifras presupuestadas: una partida específica de ocho millones de euros, a la que se ha de sumar la recaudación del impuesto a los pisos vacíos -que el Ejecutivo autonómico estimó en su momento en 25 millones anuales-. Vila ha explicado que no maneja una "previsión a corto plazo" de las adquisiciones que pueda hacer la Generalitat.

En el mismo decreto ley se establece que las entidades propietarias de pisos procedentes de desahucios o daciones en pago deberán realizar, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, las obras "necesarias para garantizar el buen estado de la vivienda". En el caso de los 72 municipios con necesidades especiales, la Generalitat podrá exigir a la entidad financiera la cesión temporal de la vivienda, para reformarla "de forma subsidiaria" y destinarla a familias "en riesgo de exclusión" durante un plazo de 10 años.