Las autoridades andorranas han intervenido Banca Privada d'Andorra (BPA), la entidad donde -según se cree- el clan Pujol tenía depositada su fortuna oculta en el extranjero. Pero no por este hecho, sino por una denuncia del Tesoro de los EEUU, que ha acusado a la entidad de colaborar con el crimen organizado internacional para blanquear dinero.
El propio presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, ha sido quien ha confirmado este martes la noticia, al explicar que el Institut Nacional Andorrà de Finances, el regulador bancario del país pirenaico, ha intervenido hoy mismo BPA y ha depuesto a su consejo de administración en pleno.
La fulminante actuación del Ejecutivo andorrano ha llegado tras una denuncia formal del Departamento del Tesoro de los EEUU, que lo acusa de participar activamente en operaciones de blanqueo de dinero de organizaciones criminales de Rusia y China, así como procedentes de la compañía estatal de petróleo de Venezuela.
Según creen los EEUU, gestores de BPA habrían facilitado, a cambio de comisiones millonarias, el lavado de dinero procedente de tres fuentes fundamentales. Por una parte, de la mafia rusa -en operaciones en las que estaría implicado Andrei Petrov, considerado como hombre próximo a un importante capo mafioso ruso y envuelto en la presunta trama corrupta en torno al Ayuntamiento de Lloret de Mar-. Por otra, de organizaciones criminales chinas, a través de Gao Ping, detenido por la policía española en 2012. Finalmente, los EEUU consideran que BPA ha trabajado también con fondos de la petrolera estatal venezolana, blanqueando hasta 2.000 millones de euros.
El banco de los Pujol en Andorra
BPA es también la entidad en la que, según muchos indicios, el clan Pujol tenía en los últimos años su fortuna oculta en el extranjero, después de que fueran 'invitados' a retirarlo de otra entidad andorrana, Andbank. De hecho, una de las hijas del expresidente autonómico Jordi Pujol, Marta Pujol Ferrusola reconoció este extremo en su reciente comparecencia en el Parlamento autonómico. Otro indicio es que fue a través de una filial española de BPA, Banco Madrid, como la familia Pujol regularizó tres millones de euros, acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.
Las entidades bancarias andorranas -y de otros paraísos fiscales- no colaboran con la justicia de otros países en presuntos delitos fiscales, ya que la justicia del país pirenaico no tipifica como delito el fraude fiscal. Si que colabora y aporta todos los datos requeridos, en cambio, cuando hay indicios de otros posibles delitos relacionados.