Durante la comisión de investigación sobre fraude fiscal y corrupción del Parlamento autonómico, el primogénito del matrimonio Pujol Ferrusola declaró no haber tenido ningún trato con la Generalidad mientras su padre era el presidente autonómico. Según informa El Confidencial, Jordi Pujol Ferrusola mintió con esa declaración ya que, en diciembre de 1999, junto a Jordi Puig Godes, compró el 52% de las acciones de una sociedad llamada Ambulancias San Patricio (ASP), por la que pagaron unos 362.000 euros.

Cinco meses después de esta adquisición, la compañía recibía una suculenta adjudicación de la Generalidad y multiplicaba su valor. La venta se materializó el 15 de diciembre de 1999. Y el 23 de mayo del 2000, la compañía recibió la adjudicación del Gobierno autonómico para el transporte sanitario en las comarcas de Tarragonès, Alt Camp y Conca de Barberà. El contrato alcanzado con la Administración tenía una vigencia mínima de un año y era renovable hasta cinco.

Doblaron su facturación en un año

En su primer año de negocio, la empresa ASP facturó 217 millones de pesetas (más de 1,3 millones de euros) con unos beneficios antes de impuestos de 11 millones de pesetas (66.000 euros). Unos beneficios que incrementaron en su segundo año, cuando en 2001 la facturación llegó a los 411.500.000 pesetas (casi 2,5 millones de euros) y los beneficios se dispararon hasta los 307.000 euros. En esa fecha, la empresa facturaba al Servicio Catalán de la Salud más de 1,5 millones de euros y al Servicio de Emergencias Médicas (también organismo público) otros 570.000 euros.

En tan solo un año de vida, doblaron la facturación de la empresa a raíz de los concursos de la un Gobierno autonómico presidido por Jordi Pujol i Soley.

En una carta enviada por Jordi Puig Godes a Pedro Rodríguez Inciarte el 20 de junio de 2001 explica como gracias a los contratos con la administración pública han aumentado sus servicios y, consecuentemente, sus beneficios: “La confección de este dossier ha sido compleja, en cuanto durante el último trimestre del 2000 y el primer trimestre del 2001 se han negociado los nuevos conciertos para el año 2001 entre la Administración y las empresas adjudicatarias (entre ellas ASP), fruto de las dificultades que el sector como tal está atravesando y de la lógica adaptación al nuevo sistema de gestión del servicio del transporte sanitario, aprobado en el pasado mes de mayo del 2000. Las negociaciones han priorizado la gestión de ASP y creemos que el esfuerzo ha valido la pena por cuanto las relaciones con la Administración gozan de buenas referencias respecto al servicio ofrecido y por la creciente actividad contratada en los últimos tres meses, muestra de la confianza probada que el Servei Català de la Salut ha depositado en ASP”.

Otras cartas del mismo estilo fueron enviadas a empresarios que podían estar interesados en inversiones similares. De este modo, los dos socios rentabilizarían la inversión realizada en un tiempo récord. Mediante la misiva, ambos ofrecían la venta de un paquete accionarial que iba del 1 al 52%. Además, ofrecían la posibilidad de comprar también la nave industrial donde se ubicaba la sede de la compañía. “Te agradecería la máxima confidencialidad en el uso y distribución del dossier adjunto”, decían en la carta.

Un memorándum de esas fechas situaba el valor de la compañía en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) y entre los motivos para invertir en la misma señalaban, en primer lugar, los “contratos firmados” hasta la fecha y las “expectativas de negocio”.