Nueva batalla ganada por el Gobierno, en la guerra que mantiene con la Generalidad en el Tribunal Constitucional, que ha avalado el impuesto nacional a los depósitos bancarios, rechazando así un recurso del Parlamento autonómico.
El origen del conflicto se remonta a finales de 2012, justo tras las elecciones autonómicas, cuando la Generalidad y el Gobierno introdujeron prácticamente a la vez un tributo a los bancos por sus depósitos. Con la particularidad de que el impuesto nacional es a tipo cero, con el objetivo de impedir que las CCAA puedan gravar este mismo concepto, al ya estar gravado previamente por una norma nacional -que tiene prioridad-.
El Alto Tribunal considera, en contra de lo que defendía el recurso del Parlamento autonómico, que el tributo no es una "simulación de impuesto", y que los impuestos "pueden perseguir otros fines, distintos al de allegar fondos a la Hacienda Pública".
El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el impuesto de la Generalidad a los bancos. Y dos veces. La primera, en enero de 2013, cuando lo suspendió cautelarmente -aunque después levantó esa suspensión, a la espera del veredicto definitivo-; la segunda, el mes pasado, cuando suspendió cautelarmente la ley que desarrollaba el impuesto.