Roca y Muñoz, a prisión por el 'caso Malaya'

La sentencia del caso Malaya, dada a conocer este viernes, merma sustancialmente las penas a los procesados, entre ellos el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le condena a once de los 30 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, y absuelve a casi la mitad de los 95 acusados.

La resolución judicial, que consta de 5.774 folios, considera probado que Roca "ejerció como alcalde de hecho durante años", mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes". El tribunal ha condenado al "jefe de la organización" por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, y le ha impuesto una multa de 240 millones, que también dista de los 810 millones de euros que pedía el fiscal.

El caso Malaya es el mayor caso de corrupción conocido en un ayuntamiento de España. Las licencias urbanísticas se decidían en reuniones entre Roca y los "cabezas" del gobierno municipal tripartito presidido por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe. Esta, ex regidora de la ciudad entre el 2003 y el 2006 ha sido condenada a seis años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, frente a los 16 años que solicitaba la acusación pública.

Su antecesor en el cargo, Julián Muñoz, que ya trabajó en el equipo municipal de Jesús Gil y que se encuentra encarcelado por una causa relacionada con blanqueo de capitales, ha sido condenado a dos años de prisión, una quinta parte de la pena propuesta por Anticorrupción.

La ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada el "azote" de Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003, ha sido condenada a cuatro años de cárcel, un tercio de la petición fiscal.

Constructores y empresarios

También ha habido importantes rebajas de las penas solicitadas por el fiscal entre la treintena de empresarios acusados de obtener favores municipales, sobre todo urbanísticos, a cambio de dádivas, que Roca "dosificaba" entre los funcionarios públicos y concejales.

Destacan por la relevancia de las penas Carlos Sánchez y Andrés Lietor, que se enfrentaban a peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros y han sido finalmente condenados a seis años, tres meses y un día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.

Al promotor granadino José Ávila Rojas se le ha impuesto una pena de tres años y ocho meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros -le pedían diez años y 55 millones de multa- y el constructor cordobés Rafael Gómez, conocido como Sandokán, ha sido condenado a seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.800 euros.

Entre los más de 40 procesados que han sido absueltos en este macroproceso figuran los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya. La reducción de las penas ha sido acogida con alegría y satisfacción por muchos de los procesados, aunque los principales ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia, caso de Roca y Yagüe, mientras que la fiscalía analizará los argumentos esgrimidos por el tribunal para tomar una decisión.

"Levedad" de las condenas

En la sentencia, el tribunal cuestiona la instrucción del caso al señalar que algunas detenciones fueron "excesivamente mediáticas" y que la "espectacularidad con que se realizaron" algunas de ellas "no era necesaria".

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha destacado que, pese a la rebaja de las penas, se demuestra la "objetividad e imparcialidad" del tribunal. El abogado Diego Martín Reyes, por su parte, que presidió la gestora que tomó el mando del Ayuntamiento de Marbella en 2006 cuando fue disuelto a raíz de la operación Malaya, ha lamentado la "levedad" de las penas y ha admitido que esperaba condenas "más duras".

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), ha declarado que la ciudad "cierra página" con la sentencia, que considera "absolutamente justa", independientemente de las penas impuestas. El tribunal sí ha atendido una de las reivindicaciones del Consistorio al pedir que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan en la localidad para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, como aprobó el Parlamento autonómico de Andalucía, hecho que ha subrayado y respaldado la Junta de Andalucía.

Por su parte, el PP andaluz considera que es positivo que haya "sentencia y condena" para que no queden impunes los hechos de corrupción y ha recordado que "en la base" de todo el escándalo "está la inhibición del Gobierno [autonómico] andaluz socialista, que miró para otro lado a pesar de las evidencias".