Algunos 'chiringuitos' que Mas mantendrá en 2014 con el dinero de la Generalidad

Después de un año de sequía, los presupuestos de la Generalidad para 2014 ya están sobre la mesa. Los presentó Andreu Mas-Collell el martes como un mal menor. El departamento de Economía y Conocimiento afirma que no habrá más recortes y apuesta por la introducción de nuevos tributos y la venta de patrimonio público como fórmulas para redondear los ingresos, pues al Gobierno autonómico se le ha acabado la inspiración y ya no sabe dónde más meter la tijera.

El Ejecutivo autonómico ha recortado en sanidad, en educación, en bienestar y en la mayoría de los servicios que venía prestando tradicionalmente. Los funcionarios han perdido una paga, las becas han menguado hasta su práctica desaparición, el PIRMI se ha reducido a casi nada, mientras los farmacéuticos y otros proveedores hacen cola con sus facturas en la mano dudosos de si algún día cobrarán.

El Estado del bienestar está en el chasis y los políticos lo lamentan, aunque todavía no han metido la tijera a fondo en el único lugar donde los recortes no son ni demoledores ni definitivos: en ellos mismos. Un estudio detallado del proyecto de presupuestos desvela que la Generalidad mantendrá en 2014 lo que en el argot político se ha dado en llamar chiringuitos, es decir, instituciones, empresas públicas, consorcios o consejos varios, a veces de dudosa utilidad, otras sobredimensionados. Nadie se atreve a tocar estos chiringuitos, porque, entre otras cosas, son el lugar ideal para que políticos de todos los colores puedan vivir un retiro dorado.

El CAC, el CGE y la Comisión Jurídica Asesora

Quizá el más famoso de estos chiringos sea el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Es una entidad que se dedica a controlar los contenidos que emiten las televisiones para ver si son o no adecuados para el público. Tener una televisión decente costará a los catalanes 5,2 millones de euros el año que viene. La mayor parte de ese dineral se dedicará a pagar la nómina de los 77 empleados del CAC y en particular de sus siete altos cargos, la mayoría ex políticos, que recibirán una remuneración conjunta de 684.000 euros.

Lo que no falta en el presupuesto son consejos de este estilo. El de Garantías Estatutarias (CGE), por ejemplo, nació en la época de José Montilla (PSC) con idea de convertirse en una especie de Tribunal Constitucional a la catalana. En la vida real, nada tiene que ver el CGE con el TC, pues este organismo solo se dedica a dictaminar si las leyes del Parlamento autonómico se ajustan o no al Estatuto y la Constitución, pero sus informes ni son vinculantes ni tienen recorrido alguno en el ordenamiento jurídico.

Esta falta de influencia no impide que el Consejo de Garantias Estatutarias -que también da abrigo a algún antiguo político- vaya a costar 3,1 millones de euros el año que viene, de los que un millón se dedicará a pagar la nómina de los juristas de reconocido prestigio y confesada afiliación política que lo componen. Pero como el consejo de estos expertos en derecho no es suficiente para la Generalidad, el Gobierno autonómico catalán cuenta también con una Comisión Jurídica Asesora, que ha sido presupuestada en 2,6 millones de euros.

CoNCA, CAR y CEO

También tendrán que dar buenos consejos los del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA), un organismo que nació en la época del tripartito para convertirse en la repartidora de las subvenciones al mundo de la cultura. Cuando llegaron las vacas flacas, las ayudas menguaron y el departamento de Cultura decidió otorgarlas directamente, pero el CoNCA sobrevivió a su falta de funciones. El año que viene seguirá existiendo, contará con 18 empleados y les costará a los contribuyentes 1,1 millones de euros.

La burocracia cultural sale cara. La deportiva, también. El Consejo Catalán del Deporte, que se dedica a "planificar y ejecutar la política deportiva de la Generalidad bajo las directrices de la Secretaría General del Deporte" supondrá un desembolso de 38 millones de euros para las pseudo vacías arcas públicas en 2014. La Generalidad mantiene también un Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR), un "organismo que apoya al deporte para que sea competitivo a nivel internacional". El CAR está ubicado en Sant Cugat (Barcelona), cuenta con 81 empleados y cuesta a la Generalidad 10,9 millones de euros.

Seguro que CiU maneja, como todos los partidos, encuestas electorales que paga de su propio bolsillo. Sin embargo, no ha querido prescindir del Centro de Estudios de Opinión (CEO), una especie de CIS catalán. El CEO, que publica sondeos trimestrales, dispone de 19 empleados y de un presupuesto de 1,3 millones para 2014.

Más de 15 millones para "exposiciones", "trabajos" e informes externos

Y en la misma línea de supervivencia, pese a ser un organismo de discutida utilidad, se sitúa la famosa Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). La entidad nació de la mano de ERC bajo aquella noble filosofía de "manos limpias". La idea era inmejorable, pero los resultados han sido tan escasos, por no decir nulos, que son muchas las voces que consideran inútil su continuidad.

Pero la OAC sigue ahí y le costará al contribuyente catalán el año que viene 4,7 millones de euros. Un presupuesto en el que se incluirán los continuos viajes de su personal al extranjero para participar en conferencias internacionales contra la corrupción. De momento, la partida de "dietas, locomoción y traslados" se eleva a 80.000 euros, la de "atenciones protocolarias y representativas", a 35.000 y la de "organización de reuniones, conferencias y cursos" a otros 30.000 euros.

El departamento de la Presidencia autonómica no será menos y también tendrá su propio rinconcito para gastar en publicidad, protocolo y cosas por el estilo. Según se desprende del proyecto de Presupuestos de 2014, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, dispondrá de 15,7 millones para organizar "exposiciones, certámenes y otras actividades de promoción", para ofrecer "atenciones protocolarias y representativas" y para encargar "trabajos", o lo que es lo mismo, informes externos.

Además, la Secretaría de Comunicación, dependiente de Presidencia, dispondrá de otros 378.000 euros para informes, de 409.000 euros para exposiciones y de 288.000 para dedicar a publicidad. En conjunto, esta Secretaría tendrá un elevadísimo presupuesto de 404,5 millones de euros, de los que 225 millones se destinarán a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir, la entidad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio.

Proyectos intocables de CiU

Andreu Mas-Collell también ha podido reservar un dinerito para dos de los proyectos intocables de CiU desde que los tiempos eran tiempos de Jordi Pujol: el fomento de la lengua catalana y el intento de que Cataluña se sitúe en el mapa internacional.

Estas ambiciones no son baratas. La Dirección General de Política Lingüística cuenta con un presupuesto de 23,6 millones. Parte de ese dinero, 16 millones, se invertirán en el Consorcio de Normalización Lingüística, la entidad que trata de normalizar a los habitantes de Cataluña a través del aprendizaje del catalán. Este organismo tiene, a su vez, un presupuesto propio de 27 millones de euros y su plantilla se eleva a 706 empleados.

La Dirección General de Política Lingüística destinará otro 1,1 millones de euros al mantenimiento del Consorcio Centro de Terminología TERMCAT, una entidad de 24 trabajadores que "tiene como misión garantizar el desarrollo y la integración de la terminología catalana en los sectores especializados y en la sociedad en general".

El otro gran reto de CiU es dar a conocer Cataluña al mundo. Es un proyecto urgente, porque una las ideas de Artur Mas para alcanzar la independencia pasa por lo que él llama "internacionalizar el conflicto". Para eso, cuenta con la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la UE cuyo presupuesto se elevará en 2014 a los 15,3 millones de euros, y con Diplocat, que quiere ser el embrión de un futuro cuerpo diplomático catalán y que costará 2,6 millones de euros en 2014.

Pero la política y la burocracia no son los únicos puntos débiles de estos presupuestos que pretenden ser austeros. La Generalidad conserva todavía un total de 183 empresas públicas (hasta 206 si contamos todo el sector público) que tienen presupuesto propio para 2014 y cuyo contenido será objeto de otra pormenorizada crónica.