Las ineficiencias en la Sanidad española no se deben exclusivamente a los recortes efectuados a raíz de la crisis económica, sino que también la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas ha originado, por un lado, una burocratización excesiva en la que cada comunidad aplica unas normas distintas y, por otro lado, ha creado una suerte de aislamiento entre comunidades que solo perjudica al paciente, imposibilitando su traslado de centro sanitario si se desplaza a otra comunidad autónoma.

Uno de los casos más flagrantes es la del joven David Alejandre Romero que, como ha desvelado El Mundo, en diciembre se puso en manos de la doctora Isabel Tena, de la Unidad del Consejo Genético del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, para tratarse de un grave cáncer que afecta de 2 a 8 pacientes por millón de personas por año.

La oncóloga frenó la metástasis con 13 sesiones de quimioterapia y David recuperó la esperanza y “calidad de vida” que había ido perdiendo en los últimos años, con “una recuperación perfecta”.

La burocracia pone trabas a una seguna operación vital 

Ahora, no obstante, la burocracia vuelve a poner su vida en peligro. David debía de ser intervenido el pasado 3 de febrero de la metástasis que le invade el tórax, esta vez en el Hospital General de Castellón. “Nunca hubiera imaginado que dicha operación fuera desautorizada por el Ministerio de Sanidad, pero así me lo comunicó la víspera de la operación la doctora Tena”, ha explicado David.

El Sistema de Información del Fondo de Cohesión (SIFCO), dependiente del Gobierno, que aprobó 18 meses atrás derivar al paciente catalán a la Comunidad Valenciana para ser tratado por la doctora Tena, ha desautorizado ahora la segunda cirugía y obliga al joven a ser valorado por otros médicos de Cataluña. Los mismos que, afirma David, “le daban 6 meses de vida y sólo quimioterapia paliativa”.

Con el propósito de romper las barreras de la burocracia, el entorno de David ha impulsado una recogida de firmas por internet, solicitando el permiso del Ministerio de Sanidad para que sea “un intervencionista del Hospital General quien me practique la intervención de ablación y cimentación a la que tengo que ser sometido”.

Una reclamación que no ha obtenido la respuesta ni del Ministerio de Sanidad ni del Institut Català de Salut.

La Generalidad deriva a Aragón a los pacientes de esa Comunidad

El caso de David no es ni el primero ni el último caso en que una comunidad autónoma rechaza intervenir a un paciente de otra comunidad. En 2011, un nuevo protocolo del Hospital Arnau de Vilanova (Lérida) estableció que los pacientes que provenían de las comarcas aragonesas fronterizas, y que no fueran casos urgentes, serían derivados a centros hospitalarios de Aragón, principalmente el Hospital de Barbastro, en Huesca, aunque dicho centro quedaba mucho más alejado de sus residencias.

Esta medida fue muy criticada por los alcaldes y presidentes de estas comarcas -conocida como la Franja de Aragón o Franja de Poniente, para los nacionalistas- y en su momento elevaron una queja para exigir que se volviera a la situación que se mantenía hasta entonces.