El Gobierno amenaza a la Generalidad con recurrir al TC el impuesto de Mascarell a internet

El Gobierno planea recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional (TC) para invalidar una ley autonómica catalana que considera que vulnera la Constitución. Esta vez, se trata del polémico impuesto a las operadoras de Internet, para recaudar dinero con el que subvencionar el cine catalán, que desarrolló el consejero de Cultura Ferran Mascarell y aprobó el Parlamento autonómico en noviembre. El Ejecutivo ya ha comunicado sus intenciones a la Generalidad, a la que ha invitado a negociar una modificación de la norma, para evitar su impugnación ante el TC.

Según ha reconocido este viernes la consejería de Cultura en un comunicado, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les ha notificado que el impuesto autonómico sobre las conexiones a internet podría ser inconstitucional, y que "se plantea presentar recurso de inconstitucionalidad si la Generalidad no acepta abrir un proceso negociador" para modificar la norma. Si el TC aceptara a trámite este hipotético recurso, la norma autonómica quedaría automáticamente suspendida cautelarmente por un periodo máximo de cinco meses, tras los cuales el Alto Tribunal debería decidir si mantiene o levanta la suspensión, a la espera de la sentencia definitiva.

"Doble imposición"

El Gobierno argumenta que el impuesto autonómico constituye una "doble imposición" a las operadoras de internet, ya que estas ya están grabadas por tributos estatales que considera similares, como el IVA o el IAE. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe que las CCAA impongan tributos a conceptos ya gravados por la Administración central.

Hay precedentes recientes de esta "doble imposición" por parte del Gobierno autonómico de Artur Mas. En enero de 2013, el TC suspendió cautelarmente las tasas judiciales que pretendía implantar Cataluña, ante una posible "doble imposición" -aunque las avaló posteriormente, en mayo de 2014-. El mismo día, suspendió también -por primera vez- las tasas a los depósitos bancarios que había aprobado el Ejecutivo de Artur Mas, por un motivo similar. 

El pasado mes de agosto, además, el Consejo de Garantías Estatuarias -el organismo consultivo autonómico que vela por la adecuación a la Constitución y el Estatuto de las actuaciones de la Generalidad y el Parlamento autonómico- consideró inconstitucional un proyecto de impuesto a las centrales nucleares por "doble imposición".

El PP catalán no votó en contra

La respuesta del Ejecutivo autonómico ha sido dura en las formas, pero tibia en lo esencial. La Consejería de Cultura "lamenta" la decisión del Gobierno, que considera "una vez más, contraria a los intereses de la cultura catalana y a las competencias del Parlamento [autonómico] de Cataluña", así como muestra su "convicción absoluta" de que el impuesto sobre las conexiones a internet se adecua a la ley. También señala que la norma se aprobó en el Parlamento autonómico sin ningún voto en contra, y con las únicas abstenciones del PP catalán y Ciudadanos. En la votación final en el pleno del Parlamento autonómico, el PP catalán retiró a última hora las cinco enmiendas parciales a la ley que había preparado.

No obstante este tono, el Gobierno autonómico abre la puerta a la negociación, cuando expresa su "deseo" de que "en caso de que deba haber proceso negociador, salga de él una solución adequada para las reclamaciones del sector del cine y del audiovisual de Cataluña". El Gobierno ha dado de plazo hasta septiembre para pactar una modificación de este impuesto, antes de recurrirlo ante el TC.

El impuesto que el Gobierno amenaza con impugnar empezó a planearlo a finales de 2013 el consejero Mascarell, como instrumento para subvencionar el cine catalán. La norma contempla cobrar 0,25 euros mensuales a las operadoras por cada conexión a internet -fija o móvil-, con lo que la consejería calcula ingresar unos 20,5 millones de euros al año que gestionaría la Agencia Tributaria de Cataluña -embrión de la "Hacienda propia" que planean CiU y ERC como "estructura de Estado" para una hipotética secesión-.

Esta cantidad debería dedicarse íntegramente a subvencionar al sector audiovisual catalán y a difundir el uso de internet entre la población. La norma autonómica especifica que las operadoras no podrían repercutir esta tasa entre los usuarios. Las mismas operadoras ya manifestaron en su momento su desacuerdo ante el impuesto.