El Ayuntamiento de Sant Cugat, controlado por CiU, "rechaza" la última sentencia sobre bilingüismo escolar

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat ha expresado a través de un comunicado su intención de no aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a realizar un 25% de las clases en castellano en el centro Santa Isabel.

El Gobierno municipal ha rechazado así la propuesta de una familia de la ciudad que reclamó que sus hijos pudieran estudiar en castellano y a la que el el máximo órgano judicial en Cataluña dio la razón. Los argumentos del TSJC son los de la última sentencia de 1994 que determinó que tanto el catalán como el castellano tenían que ser idiomas vehiculares en las escuelas públicas.

En la misiva enviada por el Consistorio, en cambio, alegan que en 1994 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia avalando el modelo de inmersión lingüístico de la Generalidad y que “determinaba que era el Gobierno [autonómico] quien debía definir y organizar el modelo educativo de las escuales del país sostenidas con fondos públicas”.

Estas afirmaciones parte del Ejecutivo municipal no son ciertas dado que en la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994 se dice que “es legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente”.

La alcaldesa de la ciudad y dirigente de CiU, Mercè Conesa, que en anteriores ocasiones ya se ha había posicionado en favor de entidades como SOM Escola y había aprobado diversas mociones en contra de la LOMCE, ha rechazado de plano la sentencia alegando que el fallo “cuestiona el modelo de éxito de la escuela catalana, vigente desde hace tres décadas”.