La abogacía del Estado está estudiando si las dos nuevas delegaciones de la Generalidad en el extranjero -popularmente conocidas como embajadas- que el Gobierno autonómico de Artur Mas tiene previsto abrir de forma inminente en Roma y Viena se ajustan a la legalidad, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Solo dos días antes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya avanzó que el Ejecutivo se planteaba recurrir ante la justicia ordinaria estas nuevas embajadas catalanas.
Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que "la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación", y que, aunque las CCAA, según ha reconocido el Tribunal Supremo "pueden tener una acción exterior", esta no debe "invadir" la atribución del Gobierno
Informar al Ejecutivo
Según señala la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, las CCAA han de informar al Ejecutivo previamente de la apertura de delegaciones en el extranjero, y el Gobierno autonómico no ha dado ese paso, limitándose a publicarlo en el Diario Oficial de la Generalidad. Tras informar al Gobierno, los ministerios de Exteriores y Hacienda y Administraciones Públicas deben pronunciarse sobre la conveniencia a o no de abrir esa delegación.
La vicepresidenta también ha explicado que la Abogacía del Estado está estudiando igualmente la ley autonómica catalana de Acción Exterior, que, como igualmente avanzó Margallo el miércoles, el Gobierno está planteándose recurrir ante el Tribunal Constitucional.