Todo parecía listo para que el pleno del Parlamento autonómico aprobara esta misma semana los Presupuestos de 2015 de la Generalidad, una vez que CiU y ERC, tras protagonizar otro de sus habituales culebrones, se pusieran finalmente de acuerdo para aprobar las cuentas, como parte de su pacto para adelantar las elecciones autonómicas. Con retraso, como cada año desde que gobierna Artur Mas. Pero el retraso será aun mayor, porque el PP catalán ha llevado los presupuestos al Consejo de Garantías.

La formación que lidera Alicia Sánchez Camacho ha solicitado este martes al Consejo de Garantías Estatutarias, el organismo -consultivo- que vela por la adecuación de las actuaciones del Gobierno y el Parlamento autonómicos a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, que elabore un dictamen tanto sobre el proyecto de Presupuestos para 2015 como sobre su Ley de Acompañamiento -oficialmente llamada Ley de Medidas Fiscales y Financieras-.

Los populares han presentado su solicitud apenas 24 horas antes de que empezara el pleno del Parlamento autonómico que debía aprobar las cuentas, y en el límite del plazo para hacerlo, que se agotaba a las 9:30 de esta mañana. Tras la actuación del PP, el debate del Parlamento autonómico sobre los Presupuestos queda automáticamente pospuesto hasta que el Consejo de Garantías haga público su dictamen, para lo cual tiene un mes de plazo.

Cuentas "ficticias" y "estructuras de Estado"

Según su solicitud, registrada en la Mesa del Parlamento autonómico, los populares recurren la Ley de Presupuestos porque consideran que cuadra los números con "tres grandes partidas de ingresos cuya ejecución y realización es del todo punto inverosímil, ya que dependen de transferencias que el Estado en sus presupuestos no ha incluido, y que, por tanto, no tienen la preceptiva consignación".

El PP catalán ya había expresado esta misma queja previamente. En diversas ocasiones, incluyendo ayer mismo, en declaraciones de Sánchez Camacho, los populares habían considerado que estos son unos presupuestos "ficticios", ya que requieren de una negociación política con el Gobierno para que cuadren los números, desde el momento en que cuentan con transferencias -no exigibles- de más de 2.000 millones desde el Ejecutivo.

Además, los populares recurren diversos artículos y enmiendas de la Ley de Acompañamiento que consideran que superan las competencias autonómicas, como los que hacen referencia a la construcción de estructuras de Estado. En concreto, todo lo referido a los proyectos de "hacienda propia" y de seguridad social catalana, o a la creación de organismos reguladores -que consideran que recaen en el Gobierno-. Ya ayer lunes, Sánchez-Camacho dijo que su partido estaba estudiando recurrir las cuentas, porque no estaban dispuestos a que los impuestos de los catalanes "vayan para pagar estructuras de Estado", y harían lo imposible para impedirlo

El PP catalán también recurre otros puntos que considera que limitan al autonomía financiera de organismos autonomos como el propio Consejo de Garantías, las sindicaturas de Cuentas y de Greuges, y la Oficina Antifraude.

Millo llama a la "legalidad" y Homs ve "filibusterismo"

En esta misma línea se ha expresado este martes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, que ha explicado que las cuentas "contienen partidas ficticias, prevén sin ninguna justificación ingresos que sean aportados por el Estado". "Queremos garantizar que el Parlamento [autonómico] no apruebe unos presupuestos que no se ajusten a la legalidad y perjudiquen gravemente a los catalanes", ha expresado Millo. "Si CiU y ERC no quieren que cumplamos el Estatuto, nosotros sí", ha añadido.

Millo también ha querido adelantarse a las acusaciones de que su partido retrasa la aprobación de los Presupuestos. El dirigente popular ha explicado que si estos "se retardan unas semanas" hay que achacárselo al Gobierno autonómico, que "incomplió previamente la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña no presentando los presupuestos antes del 10 de octubre". El proyecto de presupuestos fue presentado en diciembre.

Este es el segundo año consecutivo que el PP catalán lleva al Consell de Garantías las cuentas de la Generalidad, y la inciativa no ha gustado en absoluto al Ejecutivo autonómico. Su portavoz, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha calificado de "filibusterismo" la decisión del PP catalán.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo, Homs ha acusado a la formación de Sánchez-Camacho de pretender "entorpecer" el funcionamiento de las instituciones catalanas. Y ha ironizado con que los populares deberían tener en cuenta al Consejo de Garantías también cuando emite dictámenes que consideran que el Gobierno invade las competencias autonómicas.