La Generalidad ha sido incapaz de aportar todos los documentos solicitados por la 'Comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscales y las prácticas de corrupción política', también conocida como 'Comisión Pujol', que preside el diputado autonómico de la CUP David Fernández.

Según reconoce en un comunicado hecho público este miércoles, el Gobierno autonómico solo ha entregado a la comisión una parte de los contratos, concursos y convenios, y lo justifica señalando que muchos de ellos -los más antiguos- no están informatizados ni debidamente clasificados.

Pese a que la Generalidad cerró el año 2014 con 222.685 empleados, el Ejecutivo autonómico presidido por Artur Mas indica que "la búsqueda" del resto de la documentación reclamada "requiere la contratación expresa de personal especialista, una opción que se está estudiando". "En su defecto, comportaría el bloqueo del funcionamiento ordinario de la Administración de la Generalidad", añaden.

Adjudicaciones desde 1980, registros de visitas a Pujol y contratos con su familia

La comisión había solicitado, entre otros, "documentación sobre los concursos públicos de la Generalidad entre 1983 y 2014; los informes de fiscalización previa y posterior y de certificación final de las obras ejecutadas en este período; las adjudicaciones de contratos, convenios y subvenciones y ayudas desde 1980 hasta la actualidad, y la relación de empresas contratadas por la Generalidad entre 1980 y 2003 participadas por miembros de la familia Pujol Ferrusola".

También había pedido "el registro de visitas y de entradas al Palacio de la Generalidad para visitas al presidente [autonómico] entre 1980 y 2003; y el informe valorativo del estado de aplicación de las 51 medidas anticorrupción surgidas de la cumbre encabezada en 2013 por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, con estamentos judiciales y organismo de control institucional".

La documentación entregada anterior a 1996 está incompleta

El Gobierno autonómico se defiende argumentando que "entre 1980 y 1986 la Generalidad no dispone de ningún tipo de registro de contratación pública". Explica que en 1986 empezó a "registrar manualmente las contrataciones públicas con importes superiores a los 25 millones de las antiguas pesetas", pero que "no es hasta 1996 cuando se inicia el proceso para informatizar toda la contratación pública". Y solo en 2011 se ponen marcha la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública.

Por todo ello, insiste en que ha entregado a la comisión parlamentaria "la máxima información de la que dispone". "El Gobierno [autonómico] ha conseguido reunir toda la documentación posible en estos momentos, teniendo en cuenta los condicionantes que, para la obtención de una documentación que en muchos casos alcanza un período superior a los veinte años, supone tanto la evolución del marco legal como la diversidad existente en los instrumentos al alcance de la administración en un período tan amplio, así como la inexistencia de datos informatizados o la falta de registros centralizados", añade.

En ese sentido, advierte de que los documentos entregados que son relativos a antes del año 1996 -especialmente entre 1981 y 1986- son simplemente aquellos "que ha sido posible conseguir".