El PP pide que se fiscalice el dinero público gastado en el Tricentenario y en el 9N

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado este jueves la presentación en el Parlamento autonómico de dos propuestas de resolución para investigar los fondos públicos destinados en la celebración de los actos del Tricentenario y del denominado “proceso participativo” del pasado 9 de noviembre.

CRÓNICA GLOBAL ha tenido acceso a estas resoluciones, que han sido ya registradas en la Cámara autonómica, y en la primera de ellas se pide a la Sindicatura de Cuentas que fiscalice conforme a la Ley 18/2010 las operaciones y gastos derivados de la organización y ejecución de la consulta secesionista celebrada por el Ejecutivo de Artur Mas.

Ocultación deliberada del gasto del 9N

El PP català considera que en el proceso participativo del 9N el Gobierno de Artur Mas ocultó deliberadamente el coste real de la celebración y organización del mismo: “A diferencia de lo que ha hecho con los resultados del proceso participativo, que se han dado a conocer, el Gobierno [autonómico] con una intencionada voluntad de no informar y no ser transparente, oculta el coste real que ha representado para los catalanes la organización y celebración” de la pseudoconsulta del 9 de noviembre.

El texto también señala que el cambio de formato de la consulta -de consulta popular no referendaria a proceso participativo- tampoco ha sido explicado y que se desconoce si el presupuesto inicial para la “consulta popular” fue ampliado con el proceso participativo: “La dotación presupuestaria inicialmente prevista por una consulta popular no referendaria se ha acabado destinando por un proceso participativo, pero se desconoce, en primer lugar, la legalidad del gasto y, en segundo lugar, hasta qué punto se han ampliado los cinco millones inicialmente previstos”.

Falta de transparencia en el gasto del Tricentenario

La segunda propuesta de resolución de los populares atañe a los posibles gastos ocultos en la celebración del Tricentenario. Los seis millones de euros iniciales que se acreditan en la Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) puede que no hayan sido el total del gasto, según el PPC.

En la resolución presentada argumentan que “no solamente la administración autonómica se ha hecho cargo de las celebraciones, sino que otras administraciones públicas, como la local, también han organizado actos incluidos en el Tricentenario”.

Además, el PPC insiste en que mucho del gasto efectuado no procedía de la adjudicación de contratos, sino a través de las subvenciones: “El total del dispendio público destinado al Tricentenario ha sido disperso y no se conoce”.