CiU y ERC ya han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalidad de 2015. El acuerdo llega solo nueve días después de que el presidente de la Generalidad y de CiU, Artur Mas, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pactaran avanzar las elecciones autonómicas para septiembre y plantearlas en clave de plebiscito sobre la independencia. El pacto de entonces ya incluía el apoyo de ERC a los presupuestos, y contemplaba desarrollar nuevas "estructuras de Estado" para una hipotética futura Cataluña independiente. Unas "estructuras de Estado" que, junto con una propina de 100 millones para políticas sociales -obtenidos del Gobierno, de hecho- y un límite de sueldos, es la base del aval de los de Junqueras a las cuentas de CiU.

El acuerdo incluye tres puntos fundamentales, que son los que ERC habría obtenido de CiU en la negociación. Por un lado, 88,5 millones de euros adicionales para gastar en políticas sociales, de los cuales se destinarán 10 millones para paliar la denominada pobreza energética -dificultades de las familias para pagar las facturas de los suministros-, tres millones para crear becas de comedor en las guarderías, 10 millones para personas con dependencia, 12 para la renta mínima de inserción, cinco para transporte escolar y seis para ayudas de emergencia a los afectados por órdenes de desahucio.

CiU y ERC elevan la cantidad arañada para políticas sociales a 100 millones, argumentado que otros 10,8 millones de euros, que se destinarán al proyecto de "estructura de Estado" de la "hacienda propia", también tienen carácter social. Los 100 millones extra saldrán de la reducción a cero aplicada por el Gobierno a los intereses de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Estos 100 millones son el 0,44% de los 22.481 millones de euros del proyecto de presupuestos para 2015, y el 5,42% de los 1.800 millones de beneficio para Cataluña por la eliminación de los intereses del FLA.

La segunda gran novedad en acuerdo CiU-ERC pasa por limitar los sueldos de los altos cargos de la administración pública autonómica, de forma que estos no puedan cobrar en ningún caso más que los consejeros. Además, se prevé eliminar complementos en forma de dietas por asistencia a reuniones de consejos de administración u órganos diversos. Y el tercer gran punto son las famosas "estructuras de Estado".

Hacienda propia, seguridad social y organismos reguladores

En este sentido, la prioridad ahora para CiU y ERC es la conocida como "hacienda propia", que desde el propio ejecutivo autonómico se ha confiado en que pueda estar operativa y gestionando "la práctica totalidad" de los impuestos en Cataluña a finales de año. Y el pacto recoge una de las exigencias manifestadas por ERC para esta "hacienda propia", los 10,8 millones adicionales antes mencionados -y presentados por CiU y ERC como gasto social-, que se sumarán al aumento de 44 millones proyectado en un primer momento por CiU para la agencia tributaria catalana, lo que ya suponía un aumento del 25% en esta partida respecto a las cuentas de 2014.

Además, se contempla dar forma antes de las elecciones a la denominada Agencia Catalana de Protección Social, embrión de la seguridad Social de una hipotética Cataluña independiente, y que empezaría por unificar la gestión de prestaciones de protección social de la Generalidad o cedidas por la Administración Central que ahora gestionan diversas consejerías.

También se prevé crear los organismos reguladores y de control de la competencia que la UE marca para los estados miembros, duplicando los ya existentes a nivel nacional, así como una autoridad electoral catalana, remedando a la Junta Electoral. Finalmente -pero no en último término-, se contempla elaborar un inventario del patrimonio, activos y pasivos de las administraciones públicas en Cataluña. Traducido: una lista de los bienes de la Generalidad y las administraciones catalanas y los de la Administración Central del Estado, para una eventual repartición -o negociación- ante una también eventual secesión.