El ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol seguirá imputado. Así lo ha decidido este viernes la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, que ha rechazado un recurso de la defensa del ex presidente autonómico. Pujol está imputado, junto con su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere, por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en relación a la fortuna familiar que se mantuvo oculta durante más de tres décadas en el extranjero, desde 1980 hasta la confesión de Pujol el pasado verano. Con esta decisión, los Pujol deberán declarar como imputados en el juzgado el próximo martes.
En su auto, la juez rechaza la petición de la defensa de archivar la imputaciones de Pujol y los otros cuatro miembros de su familia por las "escasas explicaciones ofrecidas" sobre los fondos del clan Pujol en el extranjero, así como por "la nula acreditación de las operaciones realizadas con ellos durante más de 30 años".
La juez argumenta que el indicio que motivó las imputaciones de estos cinco miembros de la familia Pujol -otros tres de los siete hijos del matrimonio están también imputados, por otros presuntos delitos- es "la ocultación de unos fondos en el extranjero cuyo importe real no queda aclarado" en la regularización, y que, "además tiene un origen incierto".
La fiscalía ve un "enriquecimiento sospechoso"
Sobre el origen del dinero, que las defensas argumentan que proviene de la herencia del padre del ex presidente autonómico, Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana, ya se pronunció este martes la fiscalía. En un escrito enviado a la juez, en el que se oponía a archivar las imputaciones como pedían las defensas, el fiscal consideraba "imprescindible" investigar la procedencia de ese dinero, porque cree que ha existido un "enriquecimiento sospechoso" del clan Pujol que resulta ser "difícilmente compatible con las fuentes declaradas de renta de los querellados", aludiendo a otros posibles delitos más allá del fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
En el auto de hoy, la juez precisa que "no cabe presumir, a falta de más información y dados los principios básicos del Derecho Penal, que el origen de los fondos depositados en el extranjero [por la familia Pujol] sea ilícito". Pero también añade que "eso no significa que haya que aceptar a ciegas, sin realizar ninguna comprobación, la explicación ofrecida por el señor Pujol", refiriéndose justamente a su argumentación de que los fondos evadidos durante 34 años provienen de una herencia familiar.
En este sentido, la juez añade que "las explicaciones" dadas por los imputados sobre el dinero evadido "han sido incompletas y contradictorias", y considera "esencial conocer a cuánto ascendían realmente esos fondos dinerarios en el momento del fallecimiento de Don Florenci Pujol y a cuanto ascendían en julio de 2014", es decir, en el momento de la regularización con Hacienda -solo diez días antes de la confesión de Pujol-. La juez explicita que esta regularización "no aclara el importe real" de esos fondos, que, además, recalca que son de "origen incierto".