La emisión el pasado sábado en el Canal 33 del documental Ciutat morta [Ciudad muerta], que denuncia un supuesto caso de abusos policiales y negligencia judicial que, según la tesis de sus autores, habría llevado a inocentes a la cárcel en el caso 4F, sigue trayendo repercusiones políticas. Cinco días después de su emisión, el Parlamento autonómico ha aprobado una declaración en la que se emplaza a pedir a la fiscalía que revise el caso.

La declaración, aprobada con el visto bueno de los siete grupos representados en la Cámara autonómica -CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C's y la CUP-, y firmada por los respectivos portavoces, acuerda "trasladar a la Fiscalía la conveniencia de revisar todas las actuaciones judiciales derivadas de los hechos del 4F si de resultas de lo expuesto en el documental Ciutat morta se puede considerar que no hubo una investigación lo bastante cuidadosa, incluidas las denuncias por delito de lesiones que en ese momento se archivaron".

El texto también acuerda pedir al Ayuntamiento de Barcelona que lleva a cabo "las investigaciones internas pertinentes en el Cuerpo de la Guardia Urbana para dirimir, en su caso, las responsabilidades que correspondan". Antes de todo ello, y como primer punto, el Parlamento autonómico manifiesta su "solidaridad" con el agente de la Guardia Urbana que quedó tetrapléjico, por un golpe en la cabeza, el día de los hechos.

La tesis del documental

El documental trata de las consecuencias de la agresión sufrida por este agente, que recibió un fuerte golpe en la cabeza el 4 de febrero de 2006 mientras intervenía en una fiesta ilegal en una finca okupada propiedad del Ayuntamiento. La Guardia urbana detuvo como sospechosos a diversos jóvenes con estética alternativa, y cinco de ellos resultaron condenados a penas de cárcel.

La tesis del documental es que los cinco condenados no tenían nada que ver con la agresión, que esta se produjo por el lanzamiento de una maceta desde la casa okupada, y que los jóvenes no pudieron causarla, puesto que se encontraban en el exterior de la finca en ese momento -o incluso estaban en otro punto de la ciudad-.

En el juicio se condenó a estos jóvenes considerando prácticamente como única prueba la tesis de los agentes de la Guardia Urbana que participaron en la operación -dos de los cuales fueron condenados posteriormente por torturas y falsear un atestado-: que la agresión se produjo a nivel de calle, con el lanzamiento de una piedra. Una de las condenadas, Patricia Heras, se suicidó mientras cumplía condena en régimen abierto.

El pasado lunes, el Ayuntamiento de Barcelona anunció también que enviaría a Fiscalía el documental, para que reabra el caso si considera que la cinta aporta nuevas pruebas. También anunció una investigación interna. La Guardia Urbana de Barcelona, por su parte, ha cerrado filas en torno a la versión oficial de los hechos.