El Parlamento autonómico ha aprobado este miércoles, por una amplísima mayoría, la ley del régimen especial del Valle de Arán, que reconoce el "carácter singular, los derechos históricos y la identidad" de esta comarca, por lo cual le otorga un estatus particular dentro de Cataluña. A la vez que le reconoce el mismo "derecho a decidir" que el propio Parlamento autonómico se arrogó para sí hace exactamente dos años.
La ley, que desarrolla un punto del Estatuto de Autonomía, reconoce la "realidad nacional occitana" del Valle de Arán, con una propia "identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística", por lo cual establece el "régimen especial" de este territorio, para garantizar sus "derechos históricos", su particular "organización institucional, política y administrativa", y sus competencias específicas.
Entre otras cuestiones, la ley reconoce la división territorial del Valle de Arán en seis unidades menores, los "terçons", su "bandera, escudo, fiesta e himno", y establece que el aranés -como se denomina a la variante dialectal del occitano que se habla en el Valle de Arán- es la "lengua propia y de uso preferente en las administraciones públicas" de la comarca. También reconoce a Viella como capital del Valle de Arán i define las funciones de su organismo principal de gobierno, el Consejo General de Aran, sus órganos y su sistema electoral.
El "derecho a decidir" del Valle de Arán
Además, la ley contempla -en sus disposiciones finales y transitorias- el "derecho del pueblo aranés a decidir su futuro", en paralelo a lo que decidió el Parlamento autonómico hace dos años, cuando aprobó proclamarse como sujeto con "derecho a decidir" sobre la soberanía de Cataluña -en una declaración anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional-. En este sentido, se establece que el Parlamento autonómico puede pedir una modificación constitucional para reclamar el reconocimiento de la autonomía del Valle de Arán, y que esta hipotética autonomía debería ser refrendada por la población aranesa, en una consulta celebrada según la ley autonómica de consultas populares.
También en un claro paralelismo de la relación y situación actual entre Cataluña y el conjunto de España, la ley fija una revisión del modelo de financiación del Valle de Arán dentro de un máximo de tres años, a tratarse en la "comisión bilateral" entre la Generalidad y el Consejo General de Arán.
La ley se ha elaborado con un muy amplio consenso, en ponencia conjunta de la totalidad de los grupos del Parlamento autonómico. Con el matiz de que este consenso no ha llegado a los artículos que reconocen el "derecho a decidir" del Valle de Arán, que rechazan PP y C's. Ambos grupos han votado contra este reconocimiento en la votación por partes de la ley, pero en la votación final al conjunto de la norma -requerida, al ser una ley de desarrollo del Estatut-, el PP ha decidido sumarse al 'sí' de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, mientras C's ha optado por la abstención. Así, la ley se ha aprobado con 121 votos a favor y nueve abstenciones.