El Ayuntamiento de Barcelona enviará a la Fiscalía el documental 'Ciutat morta' ('Ciudad muerta'), en el que se denuncia una supuesta trama de corrupción de la Guardia Urbana relacionada con el denominado caso 4F, para que reabra el caso si considera que la cinta aporta nuevas pruebas.
Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Seguridad, Joaquim Forn, quien también se ha comprometido a abrir una investigación interna desde el Ayuntamiento y la Guardia Urbana para revisar toda la actuación en relación al citado caso.
El documental denuncia que los cinco jóvenes fueron condenados injustamente
El caso se inició el 4 de febrero de 2006 cuando, durante el desalojo de una finca okupada por antisistemas en Barcelona, uno de los agentes de la Guardia Urbana recibió un golpe en la cabeza y quedó tetrapléjico. Cinco jóvenes fueron condenados por estos hechos; entre ellos, Patricia Heras, que acabó suicidándose durante un permiso penitenciario en abril de 2011.
El documental -que fue emitido el sábado pasado en el Canal 33, con cinco minutos censurados por un juez, y que generó una importante polémica- defiende la tesis de que durante el proceso policial y judicial se vulneraron todo tipo de derechos de los detenidos, llegándose a torturar a algunos de ellos. También se apunta que ninguno de los condenados fueron los autores del lanzamiento del objeto que hirió al agente de la Guardia Urbana. De hecho, Heras ni siquiera habría estado en la zona cuando se produjo el desalojo.
Entre los detalles sospechosos que plantea la cinta destaca que los dos guardias urbanos que testificaron contra los detenidos posteriormente fueron condenados en otro caso por tortura y falso testimonio. Además, no ha aparecido un informe de la Guardia Urbana que podría contradecir la versión oficial de lo hechos, según la cual el agente herido recibió el impacto de una piedra lnazada desde la calle -donde se encontraban varios de los detenidos-. El día de los hechos, el entonces alcalde, Joan Clos, aseguró que el agente fue golpeado por una maceta lanzada desde la terraza de la casa okupada, lo que exculparía a los condenados. El documental también asegura que hay una persona -cuya identidad no se revela- que reconoce haber tirado la maceta.
Forn promete "transparencia absoluta" del Ayuntamiento
"Lo que me preocuparía es que desde el Ayuntamiento o desde la Guardia Urbana se escondieran cosas. Todo lo contrario: transparencia absoluta. Creemos que con el documental se pueden abrir nuevas pruebas, pero eso lo tiene que valorar la Fiscalía", ha señalado Forn, quien se ha comprometido a revisar "todo el caso de principio a fin", aunque ha advertido de que "algunas de las cosas que salen en el documental ya han sido juzgadas".
Respecto a la pensión de invalidez del 100% que se les concedió a los dos guardias urbanos condenados, cuando todavía no tenían 40 años, Forn ha señalado que es el Instituto de la Seguridad Social el que evalúa y determina la concesión de las pensiones.
Trias ofrece "todas las facilidades"
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el Ayuntamiento dará "todas las facilidades" para ayudar a aclarar el caso. Respecto al documental, ha señalado: "Tiene una parte partidista, pero creo evidente que denuncia situaciones que, si son reales, no son admisibles".
También ha destacado que la Guardia Urbana "no ha hecho mal las cosas; ha sido víctima, ha acabado con un tetrapléjico, porque a veces esto se olvida y es realmente grave". "Ahora parece que el problema sea otro, pero este es un problema muy grave", ha insistido. Aunque, en todo caso, ha señalado que "si hay pruebas de que no son estos [condenados los autores de la agresión al agente herido], hay que descubrir quién ha sido quien ha llevado a esta situación".
El PP recuerda que los que piden reabrir el caso "son los mismos que lo cerraron"
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento han mostrado su apoyo para que se revise el caso. Cabe recordar que, cuando sucedieron los hechos, en el Ayuntamiento de Barcelona gobernaba un tripartito formado por el PSC, ICV-EUiA y ERC.
En este sentido, el líder del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz, ha recordado que "aquellos que ahora piden la reapertura del caso son los mismos que lo cerraron, porque ellos son los que gobernaban la ciudad de Barcelona cuando se produjeron los hechos", y se ha preguntado por qué no se instó a revisar el caso cuando se estrenó el documental, en el año 2013.
Fernández Díaz también ha reiterado su "pleno apoyo" y "solidaridad" con el agente herido, "que sufrió lesiones irreversibles, y que es padre de cuatro hijos, situación que parece ser que han olvidado".
La Fiscalía advierte de que el documental no es suficiente para reabrir el caso
Tras conocerse la posición del Ayuntamiento, la Fiscalía de Barcelona ha señalado que no actuará de oficio basándose en el documental porque "no es una prueba jurídica". Según el Ministerio Público, tras una sentencia firme, un caso solo se puede reabrir si la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) inerpone un recurso de revisión.
En ese sentido han subrayado que, si les llegase cualquier prueba de carácter jurídico que apunte a la inocencia de los condenados o que suponga un indicio de la implicación de otra persona, enviarían un informe a la Fiscalía del TS para que estudien la interposición de ese recurso.