El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ordenó el pasado 25 de noviembre -horas antes de pronunciar la conferencia en la que propuso la candidatura unitaria independentista- a los consejeros del Gobierno autonómico que empezasen a trabajar para poner en marcha las "estructuras de Estado" necesarias con el objetivo de sustituir a la Administración General del Estado en Cataluña de cara a una hipotética secesión.
Según publica este domingo La Vanguardia, tras el acuerdo con ERC del miércoles pasado para adelantar las autonómicas al 27 de septiembre, Mas ha dado instrucciones para que se concreten estos proyecto en las próximas dos reuniones del Consejo Ejecutivo y poder tener listos en los próximos seis meses los correspondientes "planes estratégicos y de contingencia, programas y borradores de leyes".
Estos planes, que deberán estar acompañados por sus respectivos calendarios, se basarán en los informes del Consejo Asesor para la Transición Naconal (CATN) y abordarán aspectos como la gestión de las infraestructuras estratégicas, la transitoriedad jurídica y la sucesión de la Administración General del Estado por la administración de una Cataluña independiente.
Hacienda "propia" y campaña de propaganda internacional
La acción más destacada será la de dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de un mayor peso, aunque de momento el primer reto se limitaría a hacerse cargo íntegramente de los impuestos cedidos a la Generalidad, que hasta ahora se delegaban al Gobierno por falta de medios.
Otro aspecto pasará por lanzar una campaña de promoción internacional para vender el proyecto secesionista como "un proceso con máximas garantías jurídicas, sin rupturas traumáticas, con voluntad de negociación". De momento, se descartaría la creación de una Consejería de Política Exterior.
Seguridad social, infraestructuras y personal del Gobierno en Cataluña
La creación de una seguridad social catalana también está entre los objetivos, para lo que se pondrían en marcha una agencia específica. La previsió es dotarla con 4.000 personas, 200 oficinas y un coste de 130 millones de euros.
Por otra parte, la Generalidad está desarrollando "planes de contingencia para una transición en la gestión de infraestructuras estratégicas", fundamentalmente los ferrocarriles, los aeropuertos y los puertos.
Finalmente, el Ejecutivo autonómico está estudiando cómo afrontar "la transitoriedad de procesos judiciales abiertos" y la sucesión de personal del Gobierno en Cataluña. Se calcula que en toda la Comunidad hay unos 30.000 funcionarios de la Administración General del Estado que desempeñan su labor en organismos y agencias ministeriales, así como personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad.