El Colegio de Abogados de Cataluña podría haber atentado contra la libertad ideológica de sus colegiados al aprobar en octubre pasado un acuerdo por el que se adhería a una resolución aprobada por el Parlamento autonómico a favor del denominado "derecho a decidir". Esto es lo que cree la Fiscalía, que ha enviado un escrito de alegaciones al juez en el que pide que admita a trámite una demanda contra la Junta del Colegio.
En el escrito, el fiscal argumenta que "si las personas tienen libertad para conformar su visión de la realidad con arreglo a los principios y valores que tengan por conveniente, la contrapartida a ese derecho íntimo de autodeterminación no puede ser otra que la falta de interferencia de las instituciones públicas". Y añade que "esto no se respeta con el acuerdo firmado por el Consejo de Colegios de Abogados ya que la representación que ostentan de los colegiados obliga a estos a asumir un posicionamiento político que no tienen por qué compartir".
En este sentido, el fiscal recuerda que la colegiación de los abogados es obligatoria -si desean ejercer profesionalmente como tales-, que esta debe afectar "solo a los aspectos puramente profesionales de sus vidas", y que "no tienen por qué asumir la posición oficial del Colegio si disienten de ella".
Con estos argumentos, el fiscal pide anular el acuerdo del Colegio de Abogados, que resolvió adherirse a la resolución de la Cámara autonómica que acordaba crear la denominada "Comisión de Estudio del Derecho a Decidir".