El Gobierno autonómico de Artur Mas intentó poner a la venta las estaciones de esquí dependientes de la Generalitat como parte de su plan de buscar activos a través de la venta de propiedades públicas. Esta medida, sin embargo, fue rechazada de inmediato dado que ningún inversor privado estaba a dispuesto a pujar por unas estaciones que solo generan pérdidas.

Como informa El País, actualmente solo tres estaciones de esquí privadas generan beneficios en Cataluña --Baqueira Beret, Masella y Port del Comte--, y el resto son estaciones que poco a poco la Generalitat ha tenido que ir adquiriendo a pesar de que no reportan ningún beneficio económico. La última adquisición se trata de la estación Boí Taüll, cuyo cierre amenazaba toda la economía de la comarca de la Alta Ribagorça.

La Generalitat considera que el negocio del esquí genera un impacto positivo en Cataluña y por esta razón ha decidido asumir como un mal menor los más de siete millones de euros de pérdidas anual que le provocaron en 2012 y 2013 las estaciones de la Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé y Vallter (de esta última controla un 60,2% de las acciones desde 2013). Todas ellas son la principal industria de su comarca respectiva y, según un estudio de Esade, por cada euro que gasta un esquiador cuando compra un forfait, se generan 12,37 euros en restauración y actividades vinculadas al esquí.

Nuevos balances para captar posibles compradores

En definitiva, se trata de número rojos que la Ejecutiva autonómica intentaría disimular pero que aparecen en las cuentas económicas de 2013 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la empresa pública encargada de gestionar las estaciones públicas. Según los balances de cierre que acompañan a la memoria de Ferrocarrils, la estación de Vall de Núria es la que mayores pérdidas genera: 3,05 millones (las ha reducido en medio millón en un año), seguida por La Molina (2,86 millones) y Espot y Port Ainé, que comparten contabilidad y perdieron 1,29 millones de euros en 2013. Vallter se apuntó unos números rojos durante ese ejercicio de 964.729 euros.

Diferentes fuentes del Gobierno autonómico sostienen que el objetivo de la Generalitat es desprenderse lo antes posible de las estaciones y que, para ello, se deberán mejorar los balances económicos para captar posibles compradores.