La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, ha explicado durante una sesión en el Parlamento autonómico que desde que se inició la Ley de Dependencia en 2007, 10.074 barceloneses fallecieron a la espera de que la Generalidad efectuara un Programa Individual de Atención para que se les asignase la prestación adecuada a su estado y grado de dependencia.
Los retrasos en los procedimientos y los tiempos en las tramitaciones se han alargado más de lo que contempla la norma. Además, se la suma la demora en la concesión de los servicios, la escasez de recursos para poder cubrir las necesidades de los solicitantes, y el impago de las prestaciones. Unas dilaciones en el tiempo que han provocado que muchos de los solicitantes no recibieran a tiempo la ayuda.
Según el Departamento de Bienestar, el tiempo medio desde que una persona presenta la solicitud hasta que el Servicio de Valoración de la Dependencia de la Generalidad (SEVAD) evalúa su grado de dependencia y se informa superó los 3 meses. En la capital catalana, 630 de las 2.129 personas que esperaban la valoración de su grado a finales de junio de 2014 quedaron fuera del tiempo que fija la normativa.